Animan al Gobierno francés a replantearse su política de mantenimiento del orden para evitar "una deriva grave"
MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades francesas han restringido "de forma desproporcionada" el derecho a manifestarse durante las recientes protestas de los llamados 'chalecos amarillos', han denunciado un grupo de expertos en Derechos Humanos de la ONU, que han pedido al Gobierno galo que se replantee su política de mantenimiento del orden.
Según los expertos, desde que comenzaron las protestas de los 'chalecos amarillos' el pasado mes de noviembre han recibido "denuncias graves de uso excesivo de la fuerza" y se habrían producido más de 1.700 heridos en todo el país.
Además, "las restricciones impuestas a los derechos también han conllevado un número elevado de detenciones y arrestos", han subrayado. "Garantizar el orden público y la seguridad" cuando hay manifestaciones "implica la necesidad de respetar y proteger a los manifestantes que acuden pacíficamente para expresarse", han recordado.
Los expertos de la ONU han reconocido igualmente que "algunas manifestaciones se han vuelto violentas", pero han expresado sus dudas de que "la respuesta desproporcionada a estos excesos pueda disuadir a la población de seguir ejerciendo sus libertades fundamentales".
"Es muy inquietante constatar que después de semanas de manifestaciones, las restricciones y las tácticas de gestión de las concentraciones y del recurso a la fuerza no han mejorado", han afirmado en su declaración los tres expertos de la ONU.
Además, han expresado su preocupación en cuanto a la propuesta de ley del Gobierno de Emmanuel Macron que busca impedir la violencia durante las manifestaciones y sancionar a sus autores ya que sostienen que algunas de sus disposiciones no serían conformes con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Francia es parte.
"La propuesta de prohibición administrativa de manifestarse, el establecimiento de medidas de control adicional y la imposición de duras sanciones constituyen graves restricciones a la libertad de manifestarse", han defendido los expertos, que consideran que podrían aplicarse "de forma arbitraria y llevar a derivas extremadamente graves".
Por ello, han animado al Gobierno francés a que se replantee sus políticas de mantenimiento del orden y "abra vías de diálogo con el fin de atenuar el nivel de tensión y reconocer el papel importante y legítimo que desempeñan los movimientos sociales en la gobernanza".
La declaración está firmada por el responsable del grupo de trabajo sobre detención arbitraria, Seong-Phil Hong; el relator especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst; y el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi Voule.