Expertos de la ONU piden abolir la prisión preventiva en México por su aplicación excesiva

Los migrantes y el colectivo LGTBI están entre los grupos más vulnerables

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias ha visitado México durante doce días y ha concluido que el uso de la prisión preventiva en el país es excesivo, por lo que debe ser abolida.

Los expertos han reconocido los desafíos de México en el contexto del crimen organizado, pero han llamado a "afrontarlos respetando plenamente los Derechos Humanos", ya que actualmente la prisión preventiva es obligatoria según la Constitución del país para una amplia lista de delitos.

"La detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es catalizadora de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias", han advertido en un comunicado de la ONU.

En una conferencia de prensa para exponer sus hallazgos preliminares, los expertos del Grupo han dicho que "en los últimos años México ha logrado avances significativos en la lucha contra la detención arbitraria", pero han agregado que "aún se requieren reformas en varias áreas que afectan los Derechos Humanos".

De entre esos logros, el grupo ha destacado "la transición a un procedimiento penal acusatorio, la extensión del amparo a los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la introducción de un Registro Nacional de Detenciones y una jurisprudencia cada vez más centrada en los Derechos Humanos".

Una de las integrantes del grupo, Miriam Estrada-Castillo, ha expuesto ante la prensa que "el periodo de detención preventiva es crítico porque el detenido puede autoinculparse por el desconocimiento de sus derechos" y que, "en muchas ocasiones, ese periodo es demasiado largo".

También ha señalado que las detenciones por delitos flagrantes a menudo se llevan a cabo sin una orden preexistente, lo que las convierte en detenciones arbitrarias, ya que transgreden las leyes que estipulan que esos casos deben ser llevados de inmediato ante un juez.

Al referirse a la privación de la libertad relacionada con la política antidrogas, ha recordado que desde 2006 México se ha vuelto más punitivo y ha penalizado la posesión de estupefacientes aún en cantidades muy bajas, calificándolo como tráfico de narcóticos.

El vicepresidente de Comunicaciones del grupo, Matthew Gillett, ha indicado que "que pese a la generalización de la prisión preventiva, no se sabe con exactitud cuántas personas se encuentran en esa situación debido a que no todas se registran, como ocurre en el caso de los migrantes". "Llamamos a las autoridades a registrar todas las detenciones que se hagan en el país", ha recalcado.

El grupo de trabajo también ha denunciado como frecuente el uso excesivo de la fuerza, sobre todo en el momento de la aprehensión hasta que los detenidos son puestos a disposición ante una autoridad judicial.

Los expertos han detallado que en muchos casos, "se infligen tortura y otras formas de malos tratos para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias y que los retrasos entre el momento de la detención de una persona, su puesta a disposición ante el Ministerio Público y su posterior traslado a la autoridad judicial, aumentan el riesgo de graves violaciones de Derechos Humanos".

Con respecto a los migrantes, los expertos han argumentado que "México debe garantizar que la detención de esas personas sea el último recurso y que dure el menor tiempo posible, luego de una evaluación individualizada, en condiciones dignas y con acceso a asistencia legal".

Además de los migrantes, han identificado a otros grupos vulnerables como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas LGBTI+, los adolescentes, las personas mayores y las personas que viven en la pobreza. "En particular, las autoridades deben garantizar medidas especiales de protección y un enfoque basado en el género. Nadie debe ser sometido a detención arbitraria", han insistido.

La misión del grupo de trabajo ha estado en la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas y se ha reunido con autoridades, jueces, comisiones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil y otros actores interesados. Además, ha visitado 15 centros de detención y ha entrevistado a 173 personas detenidas.