MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
Expertos de las Naciones Unidas han pedido este jueves a las autoridades de Guatemala que eviten más retrasos en el juicio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, en el marco del reinicio del proceso por genocidio indígena, en el que también está implicado el exjefe de Inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez.
Ríos Montt y Rodríguez Sánchez son acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad por violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra la población Maya Ixil entre los años 1982 y 1983.
El asesor especial de la ONU para la Prevención de Genocidio, Adama Dieng, y el relator especial sobre Justicia Transicional, Pablo de Greiff, han instado a las autoridades judiciales del país centroamericano a prevenir "cualquier intento de interferencia, obstrucción de la justicia o manipulación de la ley", a propósito del reinicio del proceso juicio para enero de 2016.
"Las estrategias dilatorias, el uso abusivo de los recursos judiciales y las alegadas amenazas y presiones contra jueces y fiscales encargados del caso, que han caracterizado el juicio por genocidio, revelan serias fallas en la administración de la justicia en Guatemala", han señalado los expertos de la ONU a través de un comunicado.
En este contexto, los expertos del organismo internacional han criticado la decisión de la Corte de aplicar un procedimiento especial, en base al estado de salud mental de Ríos Montt.
El Tribunal B de Mayor Riesgo ha reconocido que Ríos Montt sufre demencia, pero ha considerado que no es lo suficientemente grave como para archivar el proceso penal en su contra, de modo que ha ordenado celebrar el juicio con medidas especiales de seguridad.
Así, el que fuera 'hombre fuerte' del país centroamericano estará acompañado por un tutor en todo momento y las sesiones tendrán lugar a puerta cerrada, según han informado los medios de comunicación guatemaltecos.
Ríos Montt, de 89 años de edad, ya fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de cárcel por la matanza de 1.771 indígenas ixiles en el norte de Guatemala, pero la Corte Constitucional tumbó la sentencia por defectos procesales, lo que obliga a repetir el juicio.