MALÉ/COLOMBO, 7 Feb. (Reuters/EP) -
El expresidente de Maldivas Mohamed Nashid, exiliado en Sri Lanka, ha acusado al actual Gobierno de infligir malos tratos al juez del Tribunal Supremo Ali Hamid, detenido esta semana tras la imposición del estado de emergencia.
El Supremo y el Gobierno de Abdulá Yamin libraban un pulso desde la semana pasada, a raíz de que el Alto Tribunal tumbase las condenas dictadas contra nueve líderes opositores, entre ellos Nashid, sentenciados por castigos que van desde la corrupción al terrorismo.
El Ejecutivo, sin embargo, se negó a acatar la sentencia y el lunes el actual presidente decretó la imposición de un estado de emergencia durante 15 días. Apenas unas horas después, las fuerzas de seguridad apresaron al presidente del Supremo y a otro magistrado del Alto Tribunal.
Según Nashid, que ha publicado un mensaje en Twitter, Hamid ha sufrido malos tratos a manos de las autoridades, mientras que el también expresidente Maumun Abd Gayum, de 80 años, que también fue detenido en la misma operación, ha comenzado una huelga de hambre. "Me han dicho que el presidente Gayum no está comiendo y que el juez Alí Hamid ha sido maltratado", ha escrito, sin dar más detalles.
Sin embargo, Dunya Maumun, hija del exmandatario y miembro del actual Gobierno, ha negado esa versión. "Acabo de visitar a mi padre. Está bien. Nashid solo está extendiendo rumores", ha asegurado, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.
AFECTA A LA REGIÓN
La oposición ha reclamado la intervención de India para contener la situación, algo que ya ha sido visto con preocupación desde China. "La comunidad internacional debería desempeñar un papel constructivo desde una posición de respeto de los derechos soberanos de Maldivas, en lugar de emprender acciones que compliquen la situación", ha acotado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Geng Shuang, al ser interrogado por una posible intervención militar.
India, por el momento, opta por la cautela y guarda silencio en lo relativo a una intervención que ya llevó a cabo en 1988 para contener un golpe de Estado en Maldivas. Su Ministerio de Exteriores se limitó el martes a mostrar la "preocupación" por la declaración del estado de emergencia y "la suspensión de los derechos constitucionales".