ISLAMABAD, 19 Dic. (Reuters/EP) -
El expresidente de Pakistán Pervez Musharraf ha tildado de "venganza personal" la condena a pena de muerte dictada el martes en su contra por haber impuesto el 3 de noviembre de 2007 el estado de emergencia en todo el país, un dictamen sin precedentes que ya ha recibido críticas de las Fuerzas Armadas y sobre el que el actual Gobierno se ha mostrado cauto.
Musharraf, que ha sido juzgado y condenado 'in absentia', ha aseverado en un vídeo difundido este miércoles que las acusaciones en su contra estaban políticamente motivadas y que se trata de "un caso sin precedentes en el que ni el acusado ni su abogado pudieron defender su caso".
"Este caso ha sido llevado únicamente como una venganza personal por algunas personas en mi contra", ha afirmado Musharraf, que se encuentra en Dubái recibiendo tratamiento médico.
Musharraf ya había advertido en noviembre que se sentía víctima de una persecución. "Serví a la nación y tomé decisiones por el bien del país", alegó entonces.
La pena capital ha sido dictada por un tribunal especial creado específicamente para juzgar a Musharraf por orden del Tribunal Supremo e integrado por el magistrado del Tribunal Superior de Peshawar Ahmad Seth, el magistrado del Tribunal Superior de Lahore Shahid Karim y el magistrado del Tribunal Superior de Sindh Nazar Akbar.
Los jueces han entendido --por dos votos a uno-- que el acusado, de 76 años, es culpable de alta traición, un delito recogido en el artículo seis de la Constitución y con el que se castiga a quien suspenda la Carta Magna "por el uso de la fuerza" o por "otros medios inconstitucionales".
El Gobierno paquistaní también ha intentado sin éxito que el tribunal especial juzgara como cooperadores en el caso de alta traición al exministro de Justicia Zahid Hamid, al expresidente del Supremo Abdul Hameed Dogar y al exprimer ministro Shaukat Aziz. Sin embargo, el tribunal especial ha rechazado la solicitud del Gobierno y le ha emplazado a justificar el fondo de su reclamación.
Este caso fue iniciado por decisión del anterior Gobierno, liderado por el partido Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), que presentó una denuncia contra el general Musharraf por considerar que la declaración del estado de emergencia en noviembre de 2007 fue una medida anticonstitucional.
A comienzos de 2019, el jefe de los fiscales del caso, Mohamad Akram Sheij, presentó su renuncia por considerar que no podría continuar con el juicio por el inminente cambio de gobierno. Sheij había sido nombrado como jefe de los fiscales del caso en noviembre de 2013 por decisión del Gobierno, entonces liderado por la PML-N.
Las Fuerzas Armadas han reconocido que han recibido "con mucho dolor y angustia" la noticia sobre la condena a Musharraf, de quien han asegurado que alguien que "ha servido al país durante más de 40 años, combatido guerras en defensa del país, nunca puede ser un traidor".
En opinión del Ejército, se ha "ignorado" el debido proceso en este caso, al criticar desde la mera constitución de un tribunal especial a la finalización del proceso "de forma apresurada". "Las Fuerzas Armadas de Pakistán esperan que se haga justicia en línea con la Constitución", han subrayado.
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