Extendida la suspensión del plan para enterrar a Marcos en el cementerio de los héroes

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Filipinas ha extendido este miércoles durante 20 días su decisión de paralizar el controvertido plan para enterrar al exdictador Ferdinand Marcos en el cementerio de los hérores, mientras el Gobierno sigue defendiendo la decisión del presidente, Rodrigo Duterte.

El subfiscal de la Corona, Jose Calida, y el abogado de Marcos, Hyacinth Rafael-Antonio, han sostenido ante el Supremo que la decisión de Duterte es de tipo político, según ha informado el diario local 'Inquirer'.

Así, Antonio ha destacado que "las emociones y sentimientos de las víctimas no tienen relevancia en el caso", agregando que el asunto que se discute es si Duterte se ha excedido en sus responsabilidades al proponer el entierro de Marcos en dicho cementerio.

El plan apoyado por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, de enterrar a Marcos en el cementerio ha sido criticado por las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y por muchos políticos, incluida la vicepresidente Leni Robredo y senadores aliados del expresidente Benigno Aquino.

Durante su paso por el poder entre las décadas de los setenta y los ochenta, Marcos, su familia y su círculo más próximo amasaron una fortuna de más de 10.000 millones de dólares y miles de presuntos milicianos comunistas y rivales políticos fueron asesinados. Su mujer, Imelda, niega que la fortuna se obtuviera de forma ilegal.

En 1986, fue depuesto en una revuelta popular y huyó a Hawaii, donde murió tres años después. Sus restos fueron devueltos a Filipinas a principios de los años noventa y han sido mantenidos en un mausoleo familiar en su ciudad natal, en el norte del país.

El nuevo presidente Duterte ha dicho que Marcos, como antiguo líder y soldado, debería ser enterrado en el cementerio. Marcos fue un líder guerrillero durante la Segunda Guerra Mundial cuando la antigua colonia estadounidense fue ocupada por las fuerzas japonesas.

Los detractores del plan afirman que enterrar a un dictador en el cementerio, conocido como Libingan ng mga Bayani, violaría las normas militares que prohíbe a "aquellos que han sido expulsados con deshonor del servicio o al personal condenado por un delito que implique bajeza moral".