Familias de militares británicos muertos en Irak amenazan con demandar a las autoridades

LONDRES, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Familiares de militares británicos muertos en la guerra de Irak han amenazado este jueves con tomar medidas legales si la investigación pública lanzada sobre el conflicto, que fue iniciada en 2009, no ve la luz antes de final año.

Los abogados, que representan a 29 familias de militares fallecidos en la guerra de Irak, han impuesto un ultimátum de dos semanas para que se haga pública la fecha definitiva del informe, que tendrá que ser antes del final de 2015. En caso de que las autoridades británicas vuelvan a retrasar la publicación, las familias llevarán el caso al Tribunal Superior de Londres, ha informado el 'Daily Mail'.

"Ha habido una serie de lamentables retrasos en la publicación del informe y parece que nunca vaya a ver la luz", ha declarado Matthew Jury, el abogado que representa a las familias, a la radio pública BBC Radio. "Las familias no están satisfechas simplemente esperando, por ello si no se impone un calendario iniciaremos un proceso judicial", ha añadido.

La investigación fue encargada por el ex primer ministro Gordon Browm en 2009 y en principio se esperaba que estuviera lista en un año. El informe pretende entrar en los detalles de cómo el ex 'premier' Tony Blair decidió apoyar la invasión estadounidense en Irak en 2003. Durante la campaña, 179 militares británicos murieron.

"Queremos cerrar este asunto y poder seguir con nuestras vidas, pero antes queremos saber cómo se tomaron las decisiones. Queremos saber por qué Blair fue contra la ONU y nos metió en Irak, mientras que otros aliados europeos rechazaron participar", ha afirmado Reg Keys, un padre cuyo hijo murió en combate.

Por su parte, John Chilcot, el veterano funcionario que ha encabezado el informe, ha excusado los retrasos por la complejidad del proyecto y por la necesidad de contar con la colaboración de personas que probablemente vayan a ser señaladas en la investigación. Chilcot podría ser el objetivo de una demanda judicial en caso de que el informe se vuelva a retrasar.

La investigación ha estado abierta durante seis años y se calcula que ha costado 10 millones de libras (unos 14 millones de euros). Según el diario británico, la publicación se podría retrasar otro año más.