La FARC pide protección al Gobierno de Colombia tras las amenazas de los narcoparamilitares de Águilas Negras

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La FARC (Fuerza Alternativa Revolucionara del Común), el partido político de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha pedido este miércoles al Gobierno y a la Policía que garanticen la seguridad de sus miembros, así como de los líderes sociales y campesinos, que recientemente han sido amenazados por la organización narcoparamilitar de extrema derecha Águilas Negras.

La FARC ha rechazado las amenazas que el grupo paramilitar ha proferido esta vez en concreto contra Isabel Sanroque y Manuel Bolivar, líderes del partido en Bogotá, y ha denunciado que tales intimidaciones son parte de "los actos de violencia que han dejado casi 190 camaradas asesinados" tras la firma de los acuerdos de paz del Gobierno de Colombia con la ya desaparecida guerrilla en 2016.

"Tanto Isabel como Manuel se han destacado por su labor en favor de la paz, en la construcción de diversos procesos encaminados a la reconciliación de los colombianos que permitan sanar las heridas abiertas durante décadas de conflicto", ha aseverado la FARC a través de un comunicado.

"Hoy más que nunca se hace necesario un gran pacto político que saque la violencia de la política de una vez por todas", ha insistido la FARC, a la vez que ha solicitado al Gobierno y al director de la Policía Nacional, Oscar Atehortúa, que velen y amplíen la seguridad de todos aquellas personas susceptibles de ser atacadas por este tipo de grupos armados.

Las Águilas Negras son una organización armada con estrechos vínculos con el narcotráfico que se ha nutrido en los últimos años con antiguos paramilitares de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esta semana, esta organización, declarada como terrorista en Venezuela, dio a conocer una lista con posibles objetivos en la que se mencionaban no sólo políticos de la FARC o líderes sindicales, sino también periodistas e, incluso, dirigentes estudiantiles.

La hostilidad a la que se enfrentan algunos sectores de la política y el sindicalismo colombiano ha vuelto a hacer sonar las alarmas en el país, especialmente después de que se conociera esta semana que enero fue el mes más "letal" para los líderes políticos y sociales en los últimos cinco años tras el asesinato de 19 de ellos.

Tanto es así, que el fiscal general de Colombia, Fernando Carrillo Flórez, pidió este martes a los funcionarios del Estado, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que "no estigmaticen" a los antiguos guerrilleros de las extintas FARC y hagan todo lo necesario para preservar sus seguridad.

Sólo en 2019 fueron asesinados 77 antiguos guerrilleros, frente a los 65 de 2018 y los 31 de 2017, lo que hace de este año el "más violento" desde que la guerrilla dejó las armas para pasarse a la política, de acuerdo con el último informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas.