Filipinas exige a HRW que presente pruebas sobre las ejecuciones policiales que denuncia

MANILA 2 Mar. (Reuters/EP) -

El Gobierno de Filipinas ha calificado de "irresponsable y desconsiderado" el último informe de Human Rights Watch sobre la guerra contra las drogas del presidente filipino, Rodrigo Duterte, y ha exigido a la organización que presente pruebas que demuestren sus acusaciones.

El portavoz presidencial filipino, Ernesto Abella, ha asegurado que la campaña contra las drogas que ha puesto en marcha el presidente Duterte tiene como objetivo el bienestar de la ciudadanía filipina y que la organización no gubernamental ha basado su informe en "habladurías" porque carece de pruebas que respalden sus acusaciones de abusos y ejecuciones policiales.

"Todas estas acusaciones de que la Policía ha pasado por alto su normativa deberían ser demostradas por un tribunal competente. En el caso de que resultasen ser ciertas, se llevarían a cabo las sanciones adecuadas contra los responsables", ha explicado Abella. "Las alegaciones son puras habladurías", ha añadido.

En su informe, 'Licencia para matar: los asesinatos de la Policía filipina en la 'guerra contra las drogas', HRW ha denunciado que numerosos agentes han colocado pruebas falsas para implicar en el narcotráfico a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y casos de hombres armados que han llevado a cabo asesinatos trabajando de forma estrecha con la Policía.

En este documento, HRW sostiene que Duterte y sus aliados han instigado e incitado los asesinatos en áreas urbanas de rentas bajas en una campaña que podría ser considerada como un crimen contra la humanidad. Las autoridades filipinas, por su parte, alegan que todas las muertes a manos de policías se han producido en defensa propia.

"En nuestra investigación en torno a la 'guerra contra las drogas' hemos visto que la Policía ha matado a presuntos narcotraficantes de forma rutinaria a sangre fría para después cubrir sus crímenes colocando drogas y armas en los escenario del crimen", aseguró el director de emergencias de HRW, Peter Bouckaert, autor del último informe publicado por la ONG.

La campaña de Duterte contra las drogas ha alarmado a la comunidad internacional. Más de 8.000 personas han muerto desde que comenzó dicha incitativa en junio de 2016, de las cuales 2.555 han sido en operaciones con policías. El Gobierno alega que el resto han sido fruto de enfrentamientos callejeros y obra de hombres armados.

En su investigación, la ONG ha señalado que en varias ocasiones, personas que estaban bajo custodia policial fueron posteriormente halladas muertas y clasificadas por la Policía como "cadáveres hallados" o "muertes en investigación". "Nadie ha sido investigado de forma significativa, ya ni hablar de procesada", ha criticado HRW.

El portavoz de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), Dionardo Carlos, ha acusado a HRW de "generalizar", ya que ha asegurado que la ONG se ha basado en casos aislados que no representan la situación real.

"Si de verdad existieran pruebas en contra de estos agentes de Policía, ya estarían siendo investigados", ha asegurado. "Nunca permitiríamos a nuestros agentes que cometiesen violaciones así", ha añadido.

El presidente filipino no ha mencionado explícitamente el informe durante el discurso que ha dado este jueves, pero ha defendido su campaña contra el narcotráfico. "Las órdenes que le di a la Policía y al Ejército eran claras: salid a la calle, perseguirles, obligarles a rendirse y a confesar sus contactos. Así conseguiremos más pruebas", ha explicado el mandatario.

"Pero si oponen resistencia violenta y ponen vuestra vida en peligro, los muy hijos de puta, matarles. No tiene nada de ilegal. ¿Por qué alguien me querría mandar a la cárcel?", ha concluido Duterte.