MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los fiscales de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) ha acusado al Gobierno de Rumanía de haber destruido y manipulado varios documentos relacionados con el polémico decreto que retiró tras su aprobación y que buscaba despenalizar la corrupción cuando el perjuicio causado fuera de menos de 200.000 lei (unos 44.000 euros), según ha informado la prensa local.
La Fiscalía Anticorrupción está realizando una investigación penal sobre la actuación del Gobierno en torno a la aprobación de ese decreto y, en el marco de las indagaciones, ha llegado a la conclusión de que el Ejecutivo ha "destruido" u "ocultado" varios documentos del trámite de la iniciativa, además de haber "manipulado" otros documentos.
La Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) ha ordenado dividir la causa y remitirla a la Fiscalía del Tribunal Supremo de Casación y a la jurisdicción para que se investiguen varios posibles delitos que podría haber cometido el Gobierno, como la presentación con mala fe de datos incompletos ante el Parlamento o al presidente del país sobre la actividad del Ejecutivo o de un Ministerio, según informa la agencia de noticias Agerpres.
Los fiscales de la DNA sostienen que el Gobierno habría informado incorrectamente al jefe del Estado y al Parlamento con el objetivo de "ocultar" que ha cometido "actos" que habrían "perjudicado los intereses del estado", incluidas acciones como la "evasión o destrucción de documentos" para ocultar o falsificar pruebas", según recoge el diario digital Romania Journal.
Los fiscales de la DNA ha señalado que, a petición del entonces ministro de Justicia, Florin Iordache, los expertos del departamento prepararon un comunicado en el que señalaban que era "imposible" justificar la necesidad de la aprobación con el formato de decreto de la iniciativa que despenalizaba la corrupción. Finalmente, el Gobierno decidió aprobar la medida como decreto y el Ministerio de Justicia destruyó su comunicado crítico con la medida.
La aprobación del polémico decreto que despenalizaba la corrupción en algunos supuestos provocó las mayores manifestaciones contra el Gobierno desde la caída del comunismo, lo que llevó al Ejecutivo a decidir su retirada y propició la dimisión de Iordache como titular de Justicia.
A pesar de la retirada del decreto, las manifestaciones contra el Gobierno se han mantenido, aunque con un menor número de asistentes. Este domingo, miles de personas salieron a las calles de Bucarest para expresar su rechazo al Ejecutivo.