La Fiscalía boliviana acusa a Áñez de "genocidio" y pide 30 años de prisión por la matanza de Sacaba y Senkata

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Bolivia ha acusado formalmente a la expresidente Jeanine Áñez de "genocidio" por su rol en la matanza de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, en la que murieron 20 personas y otras 200 resultaron heridas, y ha pedido una condena de 30 años de prisión en su contra.

El Ministerio Público no ha señalado tan solo a la exmandataria, sino también otras 17 personas entre las que se incluyen varios de sus colaboradores de confianza, así como a antiguos altos mandos militares y de la Policía, según informaciones recogidas por el diario boliviano 'El Deber'.

Entre los acusados se encuentran los entonces ministros de Gobierno; Arturo Carlos Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y el de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, a los que la Fiscalía acusa de "la comisión del delito de genocidio y la grave afectación al bien jurídico más importante, que es la vida".

A la lista se le suman los nombres del entonces comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Carlos Orellana; el jefe del Estado Mayor, Pablo Arturo Guerra; el inspector general de las Fuerzas Armadas, Aldo Bravo Méndez; y los respectivos comandantes de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército de tierra, entre otros.

Los días 15 y 19 de noviembre de 2019 se celebraron una serie de manifestaciones que fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad bolivianos que, amparados en un decreto supremo que los eximía de responsabilidades penales por el uso desmedido de la fuerza, dispararon mortalmente a una veintena de civiles.

Estos hechos se produjeron apenas unos días después de que Áñez se proclamara presidenta de Bolivia, poco después de la renuncia de Evo Morales, que abandonó el cargo en medio de una fuerte crisis social y mientras sectores de la Policía y el Ejército orquestaban un motín en su contra.

Áñez, por aquel entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre primero proclamándose como presidenta de la Cámara Alta boliviana y, más tarde, como presidenta del Estado. Todo ello en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el consenso ni la presencia mínima de legisladores.