Correa insta a la fiscal a acabar la "canallada": "Si falla, la presa será ella"
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Ecuador ha solicitado ocho años de cárcel para el expresidente Rafael Correa en el denominado 'Caso Sobornos', en el que se investiga una presunta trama del anterior gobierno para garantizar contratos públicos a empresas a cambio de la entrega de dinero bajo cuerda.
La fiscal Diana Salazar ha solicitado sentencias condenatorias para 20 de los 21 acusados, teniendo en cuenta que "todo estaba organizado desde arriba". Así, ha apuntado a Correa como principal responsable de esta red, solicitando para él seis años de cárcel por cohecho y otros dos más por su condicion de autor mediato, es decir, por servirse de otras personas para cometer el delito.
Como autores directos, la Fiscalía ha señalado a 19 antiguos altos cargos como el exvicepresidente Jorge Glas. No obstante, ha planteado una reducción del 90 por ciento de la pena para dos antiguas asesoras de la Presidencia que habrían colaborado con la Justicia, incluida Pamela Martínez, a la que Glas responsabilizó directamente en su testimonio ante el tribunal.
La Fiscalía, que ha estimado el valor de los sobornos pagados en 7,5 millones de dólares, ha planteado que las indemnizaciones tengan en cuenta también el valor de los contratos firmados, que ascenderían a 1.130 millones de dólares. El procurador Íñigo Salvador, por su parte, ha reclamado 23 millones de dólares, el triple de los cobros supuestamente fraudulentos.
CORREA CONDENA LA "CANALLADA"
Correa, que ha sido juzgado 'in absentia' por residir en Bélgica, ha puesto en duda la capacidad de la fiscal, a la que insta a hacer bien "su canallada". "Si falla, la presa será ella", ha advertido en Twitter el exmandatario.
"Resistiremos y venceremos, pero, por hacerme daño a mí, le están haciendo un daño enorme a mucha gente también inocente. Todo es cuestión de tiempo", ha lamentado.
Correa ha criticado también el trato de favor dada a dos de las acusadas, por considerar que es un "absurdo" en el sistema judicial ecuatoriano. "A alguien que meten preso, lo amenazan con 40 años de cárcel y le ofrecen rebajarle 90 por ciento la pena, acusa hasta a su progenitora para salvarse", ha señalado.