La Fiscalía filipina acusa de narcotráfico a la ex ministra de Justicia y rival de Duterte, Leila de Lima

Senadora filipina Leila De Lima
ROMEO RANOCO / REUTERS
Actualizado: viernes, 17 febrero 2017 12:08


MANILA, 17 Feb. (Reuters/EP) -

La Fiscalía de Filipinas ha acusado este viernes de tres casos de tráfico de drogas a la senadora y ex ministra de Justicia, Leila de Lima, una de las grandes rivales del presidente, Rodrigo Duterte, por recibir supuestamente dinero de narcotraficantes desde cárceles del país.

Junto a De Lima han sido imputados su antiguo conductor, dos guardaespaldas y un ex oficial de prisiones. Todos ellos podrían ser arrestados la semana que viene si la Judicatura así lo decide, según ha informado el ministro de Justicia, Vitaliano Aguirre.

Según el dossier presentado hot ante el tribunal de Muntinlupa, De Lima recibió en su domicilio casi 100.000 euros durante su estancia en la cartera de Justicia, desde 2010 a 2016, en la que permitió la creación de una red de narcotráfico en las penitenciarías del país que en su apogeo llegó a controlar el 70 por ciento del mercado de droga.

"Se trata de delitos por los que no se puede depositar fianza y la pena máxima es la perpetua", ha declarado Aguirre, quien ha declarado que la acusación contra De Lima "no es una persecución política" y defendió que "todos estos casos se han estudiado con cuidado".

De Lima, en un comunicado posterior, ha expresado exactamente la opinión contraria. "Estas acusaciones tienen una motivación política, ni más ni menos, y la clase de represalia que uno cabe esperar de este régimen", ha añadido, antes de acusar al presidente Duterte de "aniquilar a cualquier opositor que se manifeste contra su política de asesinatos extrajudiciales".

Más se 7.700 personas han muerto en la operación contra el narcotráfico iniciada por Duterte desde su llegada al poder el pasado 30 de junio, de las cuales más de 2.500 han perdido la vida durante operaciones policiales. Varias ONG acusan al presidente de usar a las fuerzas de la Policía como "escuadrones de la muerte", algo que niega el Gobierno.