La Fiscalía de Perú envía a dos fiscales a EEUU para "destrabar" el proceso de extradición de Alejandro Toledo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha enviado a dos de sus fiscales a Estados Unidos con el objetivo de "destrabar" el procedimiento de extradición del expresidente Alejandro Toledo, sobre el que pesan dos órdenes de prisión preventiva por su presunta implicación en los casos 'Ecoteva' y 'Odebrecht'.

En concreto, los fiscales que han viajado han sido los dos que dictaron las órdenes de prisión contra Toledo, Hamilton Castro, con respecto al caso 'Odebrecht' y Manuela Villar, a 'Ecotevo'.

El viaje de los fiscales a Estados Unidos tuvo lugar este martes, según ha podido saber el diario peruano 'Correo'. El Poder Judicial de Perú ha pedido a Toledo que regrese al país voluntariamente y no se aferre al "engorroso trámite de la extradición".

Sin embargo, desde que se emitieron órdenes de captura internacional en su contra, el trámite se encuentra "pendiente".

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, ya solicitó personalmente el pasado mes de febrero a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que considerara el arresto y deportación de Toledo.

En abril, un juez peruano dispuso 18 meses de prisión preventiva para Toledo y su esposa, Eliane Karp, por el 'caso Ecoteva', la segunda orden de estas características que se emite contra el exmandatario.

La Fiscalía había indicado previamente que existe una relación entre los dos casos, señalando que el dinero de las cuentas de Ecoteva encontradas en Costa Rica tenían su origen en sobornos pagados por Odebrecht. Con ese dinero, explicó entonces el diario 'Perú21', se habrían pagado dos inmuebles en Lima y dos viviendas de Toledo y su mujer.

En enero de 2014, la Comisión de Fiscalización del Congreso había presentado un informe en el que informaba de "indicios razonables" de la participación de Toledo en la presunta comisión de blanqueo de activos, por las compras inmobiliarias realizadas a través de la empresa Ecoteva.

Por otro lado, la Fiscalía acusó a Toledo de haber recibido 20 millones de dólares de la compañía brasileña a cambio de la adjudicación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, por lo que pidió para él 18 meses de prisión y emitió una orden de captura internacional.

Los supuestos pagos a Toledo habrían empezado en 2005, cuando se acercaba el final de su gobierno (2001-2006) y el dinero habría sido canalizado hacia las cuentas del empresario israelí Josef Maiman, amigo del expresidente, a través de sus empresas en paraísos fiscales, según informaciones periodísticas.