La Fiscalía del TPI pide abrir una investigación formal por los crímenes contra los rohingya

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha solicitado este jueves abrir una investigación formal por los crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido contra la minoría rohingya, originaria de Birmania, en Bangladesh.

Bensouda recibió en septiembre de 2018 la autorización del TPI para realizar un examen preliminar sobre los crímenes contra los rohingya en Bangladesh. Ahora, la fiscal jefe pretende dar un paso más que podría llevar a la celebración de un juicio.

Se trata de un caso complicado porque Bangladesh, país vecino al que huyeron más de 700.000 rohingyas por la ola de violencia de agosto de 2017 en el estado birmano de Rajine, forma parte del TPI. Birmania, en cambio, no ha firmado el Estatuto de Roma, tratado fundacional, por lo que la corte de La Haya carece de jurisdicción.

Bensouda se ha apoyado en el artículo 12 del Estatuto de Roma, según el cual el TPI podrá actuar "si al menos un elemento de uno de los crímenes que caigan en su jurisdicción o parte de ese crimen se ha cometido en el territorio de un Estado parte", que en este caso sería Bangladesh.

La Fiscalía se propone investigar los hechos ocurridos desde el 9 de octubre de 2016 por considerar que "hay una base razonable para creer que en el contexto de la ola de violencia de 2017 se cometieron los siguientes crímenes, parte en el territorio de Birmania y parte en el territorio de Bangladesh".

En concreto, apunta al crimen de deportación porque, "aunque los actos coercitivos que obligaron a la población rohingya a huir tuvieron lugar en Birmania, las víctimas cruzaron la frontera --elemento esencial del crimen de deportación-- entrando en Bangladesh".

También cree que se habrían cometido "otro actos inhumanos" que se tradujeron en "un gran sufrimiento o daños graves" mediante "violaciones deliberadas y graves del derecho de las personas desplazadas a regresar de forma segura y humana a su país de origen", conforme al Derecho Internacional consuetudinario.

Por último, la jurista gambiana señala la "persecución por motivos étnicos y/o religiosos" mediante "la deportación y la deliberada y grave privación del derecho al retorno".

Todo ello, "sin perjuicio de otros posibles crímenes dentro de la jurisdicción del TPI que puedan ser identificados en el curso de la eventual investigación", ha subrayado.

La oficina de Bensouda ha querido enfatizar que, aunque la investigación no versará sobre "los potenciales crímenes cometidos en Birmania", dado que no forma parte del TPI, el crimen de deportación requerirá mirar de cerca la supuesta violencia que no dejó a los rohingyas más opción que huir de Birmania".

Los rohingyas son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Birmania les considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y no les reconoce como ciudadanos, privándoles con ello de derechos básicos.

La persecución que, según denuncian, sufren en Birmania les ha empujado tradicionalmente a Bangladesh, donde hay más de un millón de rohingyas. En agosto de 2017, el Gobierno birmano lanzó una campaña militar en respuesta a ataques de insurgentes rohingyas que llevó a la ONU a advertir sobre una posible "limpieza étnica".