Denuncia abusos de las autoridades de Osetia del Sur y ataques a las fuerzas de paz georgianas y rusas
MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha solicitado este martes formalmente la apertura de una investigación sobre el conflicto librado en el verano de 2008 entre Rusia y Georgia, ya que considera que pudieron haberse cometido crímenes de guerra y contra la Humanidad.
La Fiscalía anunció su examen "preliminar" sobre el conflicto en agosto de 2008. Tras analizar la información "disponible", la actual fiscal jefe, Fatou Bensouda, ha confirmado en un comunicado que existen dudas "razonables" de que pudieron haberse cometido graves delitos.
En concreto, ha asegurado que entre 51 y 113 civiles de etnia georgiana perdieron la vida durante una expulsión llevada a cabo por las autoridades prorrusas de Osetia del Sur y que afectó a entre 13.400 y 18.500 personas. Unas 5.000 viviendas fueron destruidas.
La Fiscalía del TPI ha asegurado que estos abusos, así como casos de saqueo y destrucción de propiedades, fueron una práctica generalizada para tratar de expulsar a la comunidad georgiana de Osetia del Sur. Según la oficina de Bensouda, la población de esta etnia se redujo en al menos un 75 por ciento.
Por otra parte, la Fiscalía también quiere investigar si las fuerzas surosetias y georgianas atacaron a una misión de paz, lo que sería considerado un crimen de guerra. La nota cita las muertes de dos militares georgianos y de diez rusos en dos incidentes separados.
La Presidencia de la corte internacional ya ha asignado el caso a la cámara de instrucción número uno, a la que corresponderá ahora decidir si autoriza o no la investigación de la Fiscalía.
SIN JUSTICIA
La Fiscalía de la corte internacional ha pedido investigar el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 10 de octubre de 2008 porque considera que los países implicados no han realizado una labor adecuada en materia de depuración de responsabilidades. Ha dicho actuar en "interés" de la justicia y de las víctimas.
En el caso de los abusos contra georgianos, entiende que el TPI puede actuar por la "inacción" del Estado, mientras que en relación a los ataques contra fuerzas de paz rusas, el caso sería "parcialmente admisible" porque aún hay procedimientos abiertos en Rusia.
Este caso pone por primera vez a Rusia bajo la lupa del TPI, con potestad para analizar graves crímenes ocurridos en sus estados parte --Georgia ratificó el Estatuto de Roma en el año 2003--. La corte también analiza si dar pasos en firme en relación al conflicto iniciado en abril de 2014 en el este de Ucrania.