El Gobierno acusa a las FARC de "faltar a la verdad" sobre el acuerdo de justicia transicional

BOGOTÁ, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, ha acusado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de "faltar a la verdad" por hacer afirmaciones sobre detalles del acuerdo sobre justicia transicional que aún no están cerrados.

"Son las FARC las que faltan a la verdad", ha dicho tajante en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves desde La Habana al término del último ciclo de conversaciones, según han informado los medios de comunicación colombianos.

De la Calle ha criticado la "arremetida verbal" de las FARC al exigir al Gobierno que declare su vinculación a un texto que --según ha explicado-- se acordó como un borrador a desarrollar en algunos de sus puntos.

"Hubo un acuerdo plasmado en 10 puntos, pero respecto del documento más largo jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable", ha subrayado, añadiendo que "hay interpretaciones del abogado de las FARC que son inaceptables" porque "están por debajo de los mínimos que exigen la comunidad nacional e internacional".

De la Calle ha revelado que el Gobierno ha propuesto a la guerrilla celebrar una nueva reunión de los asesores jurídicos de ambas partes para aclarar estas cuestiones, pero "las FARC se han negado".

"Tenemos un compromiso indeclinable por la paz y hemos trabajado duramente para lograr un acuerdo pero debe hacerse en condiciones que satisfagan el interés y la sensibilidad de los colombianos y, sobre todo, de las víctimas", ha ratificado.

"LA PALABRA EMPEÑADA"

Las FARC han urgido al Gobierno a "honrar el compromiso de la palabra empeñada" en lo que han calificado como "una etapa decisiva" de las negociaciones en La Habana en la que las partes "navegan contra las olas del tiempo en dirección al acuerdo final de paz".

"Nos preocupa que por razones ajenas a la determinación de las FARC se produzca un desfase inconveniente entre la plena vigencia del componente de justicia y los plazos que nos hemos impuesto para la firma de la paz", han dicho en un comunicado.

La insurgencia ha considerado que "no es justo que a estas alturas obstrucciones artificiales dictadas por la avilantez hagan perder un tiempo valioso". "No es admisible que se siga recurriendo a medidas unilaterales para resolver asuntos propios de la mesa de negociaciones, como está ocurriendo ahora en el Congreso", ha apuntado.

A este respecto, ha argumentado que "la construcción de la paz requiere forjar confianza y reconocer que venimos de 60 años de violencia fratricida sembrada de muerte, desolación, víctimas y victimarios, desajustes institucionales y una progresiva degradación del Estado".

"Cuando se cruzan por el camino incertidumbres y tropiezos por caprichos, contradicciones, egoísmos o simples malquerencias, apelamos a la palabra empeñada, a la prevalencia del honor y al valor de la verdad", han dicho.

"Seguimos a la espera de que lo firmado sea aceptado sin reticencias. Lo que pudiera faltar corresponde a un desarrollo que no puede variar para nada el contenido y alcance del sistema concebido, que está cerrado", han insistido.

JUSTICIA TRANSICIONAL

El acuerdo que suscribieron el 23 de septiembre en La Habana el Gobierno de Santos y la guerrilla crea una jurisdicción especial para la paz que se aplicará tanto a insurgentes como a agentes del Estado y que sustituirá la cárcel con penas alternativas.

La vía "restaurativa" servirá para imponer "restricciones de derechos y libertades" a quienes confiesen su culpabilidad y aporten "toda la verdad" de los hechos. Las sanciones en este caso consistirán "en prestaciones de servicios, como retirada de minas y tareas agrícolas", pero "no habrá una colonia penal", según explicó a Europa Press Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC.

La opción intermedia es la de las penas alternativas a la cárcel para "quienes se sumen tardíamente" a la vía restaurativa. "Aquí sí habrá privaciones de derechos y libertades", de entre cinco y ocho años que, en función de la verdad ofrecida, irán sustituyéndose por regímenes abiertos".

La tercera vía será para aquellos que se declaren inocentes. En estos casos habrá un juicio contradictorio --como en la jurisdicción ordinaria-- y, si se demuestra su culpabilidad, enfrentarán penas de hasta 20 años de cárcel.

Es el cuarto acuerdo que se cierra en el diálogo de paz, tras los de desarrollo agrario y rural, participación política y cultivos de drogas. Por delante quedan el pacto sobre fin del conflicto --desarme-- y sobre los mecanismos de refrendación, implementación y verificación.

Las partes se han dado seis meses a partir del 23 de septiembre para firmar un acuerdo de paz definitivo que será el que dé validez a lo consensuado anteriormente, ya que negocian bajo el principio de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'.