El Gobierno venezolano acusa a Voluntad Popular de buscar las armas de la asonada militar para usarlas en las protestas

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha acusado este martes a Voluntad Popular (VP), el partido político del líder opositor Leopoldo López, de buscar las armas que fueron robadas durante la asonada militar del lunes en un cuartel de Caracas para usarlas en las protestas convocadas para el miércoles.

Rodríguez ha denunciado en una rueda de prensa que VP lleva semanas formando y entrenando "células terroristas" tanto en Venezuela como la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera común, para "perpetrar hechos de violencia e instaurar falsos positivos".

Según el portavoz del Gobierno, estos comandos supuestamente creados e instruidos por VP estuvieron implicados en la pequeña rebelión que se produjo el lunes cuando un grupo de soldados del cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en San José de Cotiza, en Caracas, se declararon en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

Los militares insurrectos, que fueron detenidos pocas horas después restaurando la "normalidad" en la institución armada, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, robaron hasta 51 armas, de las cuales solo se han recuperado 40 y las once restantes están "en manos de factores terroristas", ha indicado Rodríguez.

"Voluntad Popular tenía relación directa con la acción de este grupo de militares", ha afirmado, explicando que el objetivo real de este conato de rebelión sería conseguir armas para usarlas en las marchas que la oposición ha convocado para el miércoles contra el Gobierno.

"Las armas le fueron entregadas a civiles pertenecientes a la célula terrorista de Voluntad Popular para que se perpetraran hechos de violencia, heridos y muertes, en la manifestación opositora del día 23 de enero", ha sostenido, según informa la agencia de noticias oficial AVN.

Rodríguez ha enmarcado este supuesto plan de la formación naranja en la 'hoja de ruta' que habría diseñado Estados Unidos para propiciar una intervención extranjera en Venezuela con la que desahuciar a Maduro y sus fieles del Palacio de Miraflores.

La crisis política en Venezuela se agudizó el pasado 10 de enero, cuando Maduro inició un segundo mandato que la oposición y gran parte de la comunidad internacional no reconocen porque consideran que es fruto de un proceso electoral fraudulento que culminó con la votación del 20 de mayo.

La oposición ha convocado para el 23 de enero una jornada de movilizaciones contra el Gobierno que podría ser el arranque de una ola de protesta similar a las vividas en 2014 y 2017, que se saldaron con más de cien muertos y miles de detenidos y cuya represión ha suscitado una investigación preliminar en el Tribunal Penal Internacional (TPI).