El Gobierno argentino modifica la Ley de Migraciones para acelerar la expulsión de quienes delincan

BUENOS AIRES, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha modificado la Ley de Migraciones para acelerar la expulsión de los extranjeros que hayan cometido algún delito en la nación suramericana en respuesta a lo que ha considerado "una situación crítica".

El Gabinete de Mauricio Macri ha publicado este lunes en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que introduce cambios en la política migratoria, según informa la agencia de noticias pública, Télam.

La reforma crea "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo" para extranjeros implicados en hechos delictivos y "quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

La Casa Rosada ha dicho que se trata de una medida necesaria porque, "ante los recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación".

El procedimiento antiguo, explica, ha hecho que apenas se ejecuten órdenes de expulsión, a pesar de que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total".

Ello demuestra, ha esgrimido, que "la población extranjera está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme al último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5 por ciento".

Además, "como consecuencia de los controles implementados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones, se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria".

Todo esto "configura una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes", si bien ha defendido que el nuevo procedimiento respeta los tratados de Derechos Humanos suscritos por Argentina, entre los que ha destacado la Convención Americana.