El Gobierno de Burundi boicotea la nueva ronda del diálogo político que se celebra en Tanzania

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Burundi ha anunciado este miércoles que boicoteará la nueva ronda del diálogo político que se celebran desde hoy en la localidad tanzana de Arusha, destinada a poner fin a la crisis que estalló hace tres años en el país.

"El mes de octubre es un mes de duelo en Burundi", ha dicho el Ejecutivo a través de su cuenta en la red social Twitter. Así, ha desvelado que "sugirió posponer la sesión", si bien la fecha no fue modificada.

El portavoz del Gobierno burundés, Prosper Ntahorwamiye, ha recalcado en declaraciones a la emisora Radio France Internationale que en octubre "se honra a los héroes de la independencia del país".

La delegación opositora se encuentra sin embargo en Arusha y el líder de la oposición en el exilio, Anicet Nitonkuru, ha tildado de "pretexto vergonzoso" la versión dada por el Gobierno para no acudir.

La tensión ha aumentado en el país desde 2015, cuando Nkurunziza anunció su controvertida decisión de seguir al frente del país durante un tercer mandato, lo que la oposición tildó de inconstitucional. El pasado mes de mayo, los burundeses decidieron en referéndum enmendar la Constitución, lo que permitirá al mandatario poder seguir en el poder hasta 2034.

La oposición aseguró que su reelección violaba los términos del acuerdo de paz que se firmó en 2005 tras doce años de guerra civil. Este acuerdo de paz incluía reformas en el Ejército, que fue absorbido por los rebeldes, de mayoría hutu, y que había sido dirigido por la minoría tutsi.

El Gobierno insiste en que no hay preferencias étnicas, pero sus oponentes aseguran que los distritos de Buyumbura en donde viven la mayoría de los tutsis, que también han sido un semillero de protestas contra Nkurunziza, han sido objetivos de varios ataques.

Las autoridades burundesas han acusado en reiteradas ocasiones en los últimos meses a la ONU de tomar partido y denunciar de forma interesada los supuestos abusos cometidos por el partido gobernante y las fuerzas de seguridad.

Desde 2015, más de 400.000 refugiados y solicitantes de asilo han abandonado el país huyendo del conflicto, los abusos de los Derechos Humanos y el deterioro de la situación humanitaria.