El Gobierno de Burundi lanza una purga étnica que podría dar comienzo a una nueva guerra civil, según una ONG

KINSHASA, 4 Jul. (Reuters/EP) -

Las autoridades de Burundi han intensificado una purga étnica impulsada por el Ejército este año, lo que podría dar comienzo a una nueva guerra civil en el país africano, según un informe publicado este martes por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Según el informe, la purga de oficiales de etnia tutsi comenzó cuando el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, de etnia hutu, llegó al poder tras la última crisis política.

Ahora las autoridades están dirigiéndose a los exmiembros de las Fuerzas Armadas de Burundi (FAB), controladas por los tutsis, que lucharon contra los grupos rebeldes, en su mayoría hutus, incluyendo el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) de Nkurunziza, durante la guerra civil, según el FIDH.

"Esto pone en riesgo la desintegración del Ejército y empuja a un número de soldados hacia una oposición militar, lo que podría ser sinónimo de una nueva guerra civil", señala el informe de la FIDH.

El Gobierno ha rechazado los resultados del informe. "El informe contiene cifras falsas y exageradas", ha asegurado el ministro de Derechos Humanos burundés, Martin Nivyabandi, quien ha añadido que su objetivo es manipular a la comunidad internacional.

El coronel Adolphe Manirakiza, un exportavoz del Ejército, ha confirmado que los oficiales tutsi están siendo atacados. "Al atacar a oficiales tutsi es evidente que el régimen de Burundi está planeando un genocidio. Quiere formar un Ejército con una única etnia, compuesto principalmente por hutus", ha señalado a Reuters.

Burundi se vio sumido en el caos en abril de 2015 cuando Nkurunziza anunció que planeaba optar a un tercer mandato, algo que la oposición consideró que violaba el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil en 2005. Finalmente, el Constitucional le dio la razón y Nkurunziza fue reelegido, pero algunos detractores se alzaron en armas contra él.

Más de 700 personas han muerto desde entonces, mientras que se estima que unas 400.000 han huido a los países vecinos, según datos de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos.