El Gobierno de Chile niega el indulto a dos presos condenados por crímenes durante la dictadura de Pinochet

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Chile ha decidido este martes negar el indulto a dos de los cuatro presos encarcelados en la prisión de Punta Peuco por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet que lo solicitaron el pasado mes de diciembre por razones humanitarias.

El pasado miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago admitió un recurso de protección presentado por familiares de varios presos contra la presidenta del país, Michelle Bachelet, por los retrasos en los indultos, decisión con la que se obligaba a la mandataria a informar en los siguientes cinco días de todos los antecedentes que tenga sobre la petición de indulto que ha motivado el recurso de protección.

Cuatro meses después de que el abogado de los cuatro, Raúl Meza, solicitara el indulto, Bachelet ha decidido no otorgar esta gracia al exsoldado del Ejército René Cardemil y al excarabinero Marcelo Castro, después de que los otros dos --Gustavo Muñoz y Pedro Vivian Guaita-- murieran recientemente, según ha informado el diario chileno 'El Mercurio'.

Los informes de Gendarmería sostienen que tanto Cardemil, de 79 años, como Castro, de 73, ambos condenados a diez años de prisión por homicidio y secuestro, respectivamente, se encuentran en situación de "ausencia de conciencia del delito y mediana conciencia del daño causado".

Asimismo, según el informe del Servicio Médico Legal, Cardemil --con cáncer de próstata-- "no tiene problemas médicos graves que le impidan continuar con su actual condición", mientras que de Castro, que tiene insuficiencia renal, diabetes y amputación de dedos de los pies, sostiene que "se encuentra en buen estado (...) y sin riesgo de vida siempre que persista con sus controles médicos y hemodiálisis".

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, ha explicado que los indultos estaban mal solicitados. Por su parte, el abogado de los reos ha acusado al titular de la cartera de Justicia de "ignorancia jurídica".

La polémica sobre los indultos a los presos condenados por su implicación en crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet salió a la luz después de que a principios de marzo falleciera el excarabinero Gustavo Muñoz Albornoz, que cumplía una condena de diez años por un delito de secuestro y asesinato en 1973.

Muñoz, con una enfermedad renal crónica terminal y otras enfermedades derivadas, falleció después de haber solicitado el indulto por razones de salud. El abogado del fallecido --también Raúl Meza-- denunció que la muerte de su cliente hubiera tenido lugar mientras él estaba en prisión, provocando una serie de protestas por parte de familiares de exagentes encarcelados que solicitaron el perdón presidencial por razones sanitarias.

En este contexto, el exmagistrado español Baltasar Garzón, que impulsó el arresto domiciliario en 1998 del dictador chileno Augusto Pinochet, defendió a finales de marzo la necesidad de evaluar las situaciones de los presos "caso a caso", insistiendo en que un Estado de derecho "no puede permitir que una persona muera en prisión".

"Las razones humanitarias deben aplicarse por igual a cualquier persona que esté en una situación incompatible con los fines de la pena", explicó el exjuez, en una breve visita al país. En este caso, indicó, "el lugar de cumplimiento (de la condena) puede no ser el elemento principal".

"Sin embargo, si es como regla general y una reivindicación, no me parece bien. En todo caso, para paliar estas situaciones, no creo que el indulto sea la medida a adoptar", matizó.