El Gobierno colombiano autoriza que las Fuerzas Armadas bombardeen a la disidencia de las FARC

BOGOTÁ 31 Oct. (Reuters/EP) -

Las Fuerzas Armadas de Colombia han recibido autorización del Gobierno para bombardear desde aviones y helicópteros a guerrilleros disidentes de las FARC que se han apartado del proceso de paz para seguir en el narcotráfico y la minería ilegal, según ha informado este martes el Ministerio de Defensa.

Las autoridades reconocen la existencia de entre 800 y 1.000 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no aceptaron los términos del acuerdo que firmó a finales del 2016 el antiguo grupo rebelde con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, buscando poner fin a un conflicto que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.

La directiva del Ministerio de Defensa incluye a las disidencias de las FARC en la categoría de Grupos Armados Organizados, al igual que a las bandas criminales del Clan del Golfo, los Pelusos y los Puntilleros, y blinda a los efectivos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de eventuales procesos penales por hacer los bombardeos.

La autorización "le permitirá a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional actuar de manera contundente frente a las nuevas estructuras que no se acogieron al acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y que afectan la seguridad de los colombianos constituyéndose en una amenaza a la estabilidad", ha explicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Sin embargo, los ataques aéreos deberán evitar daños colaterales a la población civil de acuerdo con las normas de Derechos Humanos. Los bombardeos han sido el arma más letal en la lucha del Estado contra la FARC y permitieron abatir a importantes comandantes rebeldes.

Esa estrategia también ha sido usada contra el Ejército de Liberación Nacional(ELN), la guerrilla activa más importante de Colombia y que mantiene una tregua bilateral con el Gobierno en medio de una negociación de paz.

Más de 11.300 integrantes de las FARC entre combatientes, auxiliadores y presos están en proceso de reincorporación a la sociedad después de que el grupo entregó las armas a Naciones Unidas y conformó un partido político, en cumplimiento del acuerdo de paz.