El Gobierno deja en manos de las FARC la decisión de reabrir las negociaciones de paz

BOGOTÁ 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, ha aclarado este martes que la decisión de reabrir las negociaciones, tras el triunfo del 'no' en el plebiscito celebrado el domingo para que la ciudadanía se pronunciara sobre el acuerdo de paz, corresponde a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"La decisión de si se abren o no los acuerdos es una decisión más bien de las FARC", ha dicho Holguín a la prensa local, interrogada sobre la pregunta lanzada este martes por Centro Democrático --el partido político del ex presidente Álvaro Uribe-- acerca de si el Gobierno está dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones para corregir los textos de La Habana.

Holguín ha reiterado que esta situación es totalmente inesperada. "Desafortunadamente, el Gobierno no tenía un 'plan B'. A uno no se le pasaba por la cabeza que los colombianos dijeran 'no' a la paz (...) Creíamos que Colombia era un país que quería vivir en paz", ha subrayado.

La jefa de la diplomacia colombiana ha explicado que esta incertidumbre afecta también a toda la ayuda internacional destinada al postconflicto. Así, ha detallado que la misión de Naciones Unidas para verificar el alto el fuego y el desarme de las FARC está en situación de interinidad.

"El mandato de la ONU decía que la misión era por un acuerdo de paz. En este momento no tenemos acuerdo de paz porque debía ser refrendado por el pueblo colombiano, y eso no pasó, entonces la ONU también debe revisar cuánto tiempo permanece en el país", ha indicado.

Preguntada sobre cuándo se celebrará la primera reunión el Centro Democrático --principal defensor del 'no'--, ha apuntado que tendrá lugar cuando los representantes del Gobierno regresen de La Habana, a donde viajaron el lunes para abordar esta crisis con las FARC.

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, se han reunido estos dos últimos días con los delegados de la guerrilla para dilucidar el camino a seguir tras la victoria del 'no'.

El 'uribismo' pretende tumbar la justicia transicional diseñada por el Gobierno y las FARC para que la guerrilla cumpla penas de cárcel efectivas por los crímenes cometidos, al tiempo que reclama un "alivio judicial" para los policías y militares encarcelados.

Además, se opone firmemente a regalar la representación parlamentaria a las FARC, que bajo el actual acuerdo de paz tienen reservados una decena de escaños a partir del 2018 y durante dos periodos legislativos, tras los cuales deberán lograr su asiento como el resto de políticos.

Las FARC, aunque se han mostrado dispuestas a "rectificar" los acuerdos de paz, han sostenido que el documento actual está vigente porque el plebiscito tendría únicamente un efecto político, no jurídico, algo que el Gobierno rebate.