El Gobierno de Ecuador da pasos para levantar los vetos a organizaciones sociales

QUITO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La decisión del actual Gobierno de Ecuador de restituir los permisos de la Fundación Pachamama, disuelta hace cuatro años por orden del Ejecutivo anterior, ha permitido albergar esperanzas a las organizaciones de la sociedad civil vetadas en estos últimos años.

El Gobierno de Rafael Correa aprobó decretos que, en la práctica, le daban capacidad para regular la actividad de organizaciones. En diciembre de 2013, y después de que la Fundación Pachamama convocase protestas contra una concesión petrolera en tierras indígenas, el Ministerio del Interior ordenó la paralización de sus actividades.

El pasado mes de octubre, el actual presidente ecuatoriano, decidió suavizar los dos polémicos decretos promulgados por su predecesor, lo que ha permitido que el Ministerio de Medio Ambiente accediese el 17 de noviembre a volver a autorizar las actividades de la Fundación Pachamama.

El Ministerio ha admitido que las autoridades violaron en 2013 el debido proceso y el derecho a defensa de la organización. Sin embargo, el director ejecutivo de la fundación, Juan Auz, aclaró el martes que no tienen previsto iniciar acciones legales contra antiguos funcionarios, según el diario 'El Universo'.

Una portavoz de Pachamama, María Belén Páez, espera ahora "voluntad política" para que la organización pueda retomar sus actividades, una confianza que también tiene la desaparecida Unión Nacional de Educadores (UNE), que se quedó personalidad jurídica en agosto de 2016.

"Lo único que se requiere es (...) la voluntad política del Gobierno y creemos que ese será el próximo paso que dará Moreno para recuperar la libre asociación", ha resaltado la presidente de la UNE, Rossana Palacios.

El director para América Latina de Freedom House, Carlos Ponce, ha considerado que el presidente ecuatoriano ha enviado una "alentadora señal" a las organizaciones de la sociedad civil al permitir que Pachamama retome su actividad. No obstante, ha subrayado en un comunicado que "queda mucho por hacer para proteger los derechos fundamentales, por ejemplo la capacidad de la sociedad civil de debatir públicamente políticas del Gobierno".