El Gobierno de Ecuador insta por decreto a convocar las consultas bloqueadas en el Constitucional

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha remitido dos decretos al Consejo Nacional Electoral (CNE) para instar a este órgano a convocar una consulta popular en la que se plantearán, entre otras cuestiones, un límite de mandatos que impediría la vuelta de Rafael Correa al poder. Las preguntas están siendo analizadas por la Corte Constitucional.

La secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesantez, ha presentado este miércoles los decretos junto a varios ministros del Gobierno de Moreno. Con este nuevo paso, el CNE tendría un plazo de 15 días para convocar la consulta y 60 días para llevar a cabo el procedimiento.

El propio presidente ha defendido en Twitter que se trata de un "derecho del pueblo" y que este nuevo paso está amparado por las leyes. "¡Vamos por un SÍ rotundo! #LaConsultaEsDeTodos", ha escrito Moreno en las redes sociales.

El Gobierno critica el retraso de la Corte Constitucional para emitir un veredicto sobre las preguntas planteadas. En este sentido, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, ha destacado que han pasado más de 20 días de demora "injustificada", según recoge la agencia de noticias oficial ANDES.

El presidente del tribunal ha convocado a los nueve magistrados que componen el Constitucional a una reunión extraordinaria el 5 de diciembre para analizar el tema, si bien dejó claro el lunes que lo hará con "respeto a los procedimientos y tiempos previstos en la normativa constitucional, legal y reglamentaria pertinente".

El expresidente Correa también ha descartado que hayan expirado los plazos y asegurado que el Gobierno utilice este "pretexto" porque "no ha podido comprar los votos en la Corte Constitucional". Según el anterior mandatario, Moreno "no tiene los cinco votos para que pase la consulta como ellos quieren".

La votación prevista incluiría una serie de cuestiones sobre corrupción, participación ciudadana, reelección indefinida, la ley de plusvalía, el parque nacional Yasuní, la minería y la no prescripción de los crímenes contra niños, niñas y adolescentes.