Gobierno y FARC se reunirán para aclarar los puntos controvertidos de la justicia transicional

BOGOTÁ, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acordado que sus equipos jurídicos se reúnan el próximo 17 de octubre para aclarar los puntos controvertidos del acuerdo sobre justicia transicional.

"Se convino un cronograma de trabajo del grupo de juristas, que comenzará con una reunión el próximo sábado 17 de octubre", han anunciado las delegaciones de paz en un comunicado conjunto difundido a través de la página web de las FARC.

Esta decisión es fruto de la reunión que las partes han celebrado este viernes en La Habana en presencia de los países garantes, Cuba y Noruega, "con el objetivo de buscar una solución a las diferencias sobre la interpretación de algunos aspectos de la Jurisdicción Especial de Paz".

El Ejecutivo y la guerrilla han asegurado que "la reunión se ha desenvuelto" en un ambiente respetuoso y constructivo, a pesar de los últimos enfrentamientos verbales que han protagonizado a través de los medios de comunicación.

Las partes dieron a conocer el 23 de septiembre un comunicado de diez puntos explicando sucintamente el acuerdo sobre justicia transicional y desde entonces han hecho declaraciones contradictorias sobre el desarrollo de este decálogo.

El jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, ha llegado a acusar a las FARC de "faltar a la verdad" mientras que la guerrilla ha exigido a la Casa de Nariño "honrar la palabra empeñada" para no frustrar el diálogo de paz.

JUSTICIA TRANSICIONAL

El acuerdo que suscribieron el 23 de septiembre en La Habana el Gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia crea una jurisdicción especial para la paz que se aplicará tanto a insurgentes como a agentes del Estado y que sustituirá la cárcel con penas alternativas.

La vía "restaurativa" servirá para imponer "restricciones de derechos y libertades" a quienes confiesen su culpabilidad y aporten "toda la verdad" de los hechos. Las sanciones en este caso consistirán "en prestaciones de servicios, como retirada de minas y tareas agrícolas", pero "no habrá una colonia penal", según explicó a Europa Press Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC.

La opción intermedia es la de las penas alternativas a la cárcel para "quienes se sumen tardíamente" a la vía restaurativa. "Aquí sí habrá privaciones de derechos y libertades", de entre cinco y ocho años que, en función de la verdad ofrecida, irán sustituyéndose por regímenes abiertos".

La tercera vía será para aquellos que se declaren inocentes. En estos casos habrá un juicio contradictorio --como en la jurisdicción ordinaria-- y, si se demuestra su culpabilidad, enfrentarán penas de hasta 20 años de cárcel.

Es el cuarto acuerdo que se cierra en el diálogo de paz, tras los de desarrollo agrario y rural, participación política y cultivos de drogas. Por delante quedan el pacto sobre fin del conflicto --desarme-- y sobre los mecanismos de refrendación, implementación y verificación.

Las partes se han dado seis meses --hasta el 23 de marzo de 2016-- para firmar un acuerdo de paz definitivo que será el que dé validez a lo consensuado anteriormente, ya que negocian bajo el principio de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'.