TOKIO, 8 (Reuters/EP
El Gobierno de Japón ha aprobado este jueves un proyecto de ley para reformar su legislación de delitos sexuales, de un siglo de antigüedad, que permitirá ampliar la definición de violación, alargar las estancias en prisión y permitir el procesamiento aún cuando las víctimas no hayan presentado cargos.
Víctimas y activistas han llevado a cabo una larga campaña de reivindicación pidiendo la modificación de la ley, que data de 1907. En la mayoría de las ocasiones las víctimas permanecen en silencio por vergüenza o miedo a las críticas.
Menos del 5 por ciento de las mujeres que han sufrido una violación denunciaron, según datos de 2014 del Gobierno, y solo cerca de un tercio se lo contó a alguien, incluyendo amigos cercanos.
"Esta es la oportunidad para cambiar el Código Penal después de 100 años", dice una petición 'online' para la reforma que ya han apoyado más de 30.000 personas. La actual ley fue elaborada antes de las que mujeres pudieran votar y va encaminada a "proteger el honor y el pedigrí de las familias", añade.
Para su aprobación la reforma requiere ahora la aceptación de la Cámara Alta del Parlamento. Sin embargo, se ha visto retrasada por la urgencia con la que la coalición del primer ministro japonés, Shinzo Abe, trata de sacar adelante una ley contra las conspiraciones. "Los partidos dominantes han retenido las revisiones para pasar la ley anti-conspiración", ha lamentado a Reuters Keiko Ota, un abogado que defiende las reformas.
El tiempo para el debate se agota, advierten los activistas. La actual sesión parlamentaria terminaría el 18 de junio aunque podría ampliarse, según medios locales.
Las enmiendas propuestas ampliarán la definición de violación, que ahora se limita a la penetración vaginal. Se busca que la modificación incluya "relaciones sexuales forzadas" en su conjunto, como el sexo anal y oral forzado, reconociendo de esta manera también a los hombres como posibles víctimas.
La reforma elimina el requisito, antes indispensable, de que las víctimas presenten denuncias para que el agresor sea procesado, y eleva la sentencia mínima de tres a cinco años de prisión.
La modificación incluye algunas claúsulas que regulan la violación de menores, dejando de ser necesaria la existencia de "violencia o intimidación" para que el abuso sexual de padres y tutores a menores de 18 años se considere delito.
A este respecto, cuatro grupos que abogan por los cambios en la lesgilación presentaron una petición al ministro de Justicia el miércoles para eliminar la condición de la violencia para todas las víctimas. Consideran que la ausencia de resistencia física no indica que el acto sexual es consentido, especialmente en situaciones de acoso y abuso de poder.
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