El Gobierno keniano anuncia un plan para realojar a 35.000 masáis desahuciados en 2019 del bosque de Mau

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Kenia, William Ruto, ha anunciado el comienzo de un plan para realojar a 35.000 integrantes de la tribu masái que fueron expulsados de las tierras del bosque de Mau en 2019 para su uso en forma de parque natural; una decisión que ha supuesto una catástrofe para la comunidad, sobre todo por el cierre de las escuelas asignadas a la tribu en la zona del Valle del Rift.

Investigadores de la ONG Human Rights Watch descubrieron que, a principios de julio de 2018, un equipo combinado de Policía Forestal, de vida silvestre, del condado y de la administración nacional se desplegaron en el bosque para comenzar el desalojo por la fuerza de la comunidad mau. Al menos nueve personas, incluidos dos bebés, murieron durante el desalojo.

Las autoridades esgrimieron que el desahucio fue necesario para impedir la deforestación y la invasión de tierras protegidas, mientras que los masái afectados han intentado validar sus títulos de propiedad ante los tribunales del país. La iniciativa no ha tenido éxito porque las autoridades kenianas decidieron en su momento que los papeles habían sido expedidos por funcionarios corruptos.

Ruto ha prometido compensar a la tribu de la decisión ejecutada durante el mandato de su predecesor, Uhuru Kenyatta, tal y como ha hecho saber en un discurso pronunciado durante una misa interconfesional en la ciudad de Narok, en el suroeste del país.

"La cuestión del bosque de Mau queda zanjada, por mi parte. Es la hora de comenzar a plantar árboles, instalar torres de agua y buscar un asentamiento alternativo para estos desahuciados", ha declarado el mandatario en comentarios recogidos por el semanario dominical del diario 'The Nation'.

En octubre del año pasado, un tribunal de la localidad se posicionó a favor del Gobierno nigeriano en su decisión para expulsar a los masái de las tierras, con el cierre consiguiente de 15 colegios de los alrededores. Desde entonces, las familias masái han denunciado que sus hijos, sin la protección de la escuela, han quedado expuestos a la explotación laboral y sexual de los campos de trabajo de la zona, donde ahora están alojados.