El Gobierno de Merkel aprueba una ley que permite acceder a los móviles de los refugiados

La medida busca agilizar las deportaciones de aquellos que no pueden recibir asilo

BERLÍN, 22 Feb. (DPA/EP) -

El Gobierno alemán ha aprobado este miércoles hoy en consejo de ministros un proyecto de ley que endurece su política de asilo contra potenciales terroristas extranjeros y que contempla el acceso por parte de las autoridades a los teléfonos móviles y ordenadores de los solicitantes de asilo en aras de poder determinar su identidad.

Con la reforma, el Ejecutivo de Angela Merkel pretende agilizar las deportaciones de solicitantes de asilo, así como imponer sanciones más duras a aquellos refugiados que hayan facilitado datos falsos a las autoridades en el momento de registrarse en el país.

Además, la nueva normativa aumenta el periodo de tiempo que un ciudadano extranjero sospechoso de terrorismo puede permanecer detenido a la espera de su expulsión.

Del conjunto de medidas a las que el Gobierno alamán ha dado luz verde este miércoles, la más polémica es aquella que permitirá a la Oficina Federal de Refugiados y Migración (BAMF) acceder a los móviles u ordenadores de los solicitantes de asilo para poder determinar su verdadera identidad.

La organización pro Derechos Humanos Pro Asyl ha criticado en las últimas horas la nueva normativa, asegurando que se trata de una "brutalización de las expulsiones" al tiempo que ha asegurado que Alemania ha pasado de ser un país de acogida a uno de deportación.

También desde el partido opositor La Izquierda observan con preocupación los planes del Ejecutivo. "Los móviles y los ordenadores pertenecen al ámbito privado que debe protegerse", ha defendido la líder de la formación, Katja Kipping, en declaraciones a dpa.

Las organizaciones de ayuda a refugiados han informado de que este miércoles está prevista una deportación masiva de ciudadanos afganos desde Múnich, una expulsión que causa revuelo en Alemania, dada la inseguridad imperante en el país asiático.

Sin embargo, desde el Gobierno de Merkel se han defendido las expulsiones y se ha instado en que determinadas zonas de Afganistán son lo suficientemente seguras.

EVITAR ATENTADOS

La normativa aprobada hoy, acordada hace semanas por los ministros de Justicia y de Interior de Alemania, tiene como objetivo evitar que se pueda repetir un caso similar al ocurrido el pasado diciembre, cuando Anis Amri, un solicitante de asilo tunecino, atentó contra un mercado navideño de Berlín causando la muerte de doce personas.

Sobre Amri, a quien las fuerzas de seguridad vigilaban al considerar que podría resultar peligroso, pesaba una orden de expulsión de Alemania que nunca llegó a ejecutarse. Así, aunque las autoridades alemanas le denegaron el asilo político no pudieron deportarlo por falta de documentos de identidad que esperaban de Túnez. Amri utilizó 14 identidades diferentes tras llegar a Alemania en 2015 y mantuvo contacto con círculos islamistas radicales en Alemania.