MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Nicaragua ha publicado este sábado un listado de cinco medidas de reforma política para impulsar el diálogo con la oposición. Entre las medidas se incluyen cambios en la normativa electoral, en la justicia, la reparación y solicitar a la comunidad internacional la eliminación de las sanciones.
Sin embargo, la agenda no incluye el adelanto de elecciones que piden tanto Estados Unidos y sus aliados, como la oposición. Washington incluso ha aplicado sanciones a altos cargos del gobierno nicaragüense y a empresas vinculadas a la petrolera venezolana PDVSA.
El primer punto de la agenda es la aplicación de reformas electorales según los planteamientos de la Organización de Estados Americano (OEA), una medida a la que el Gobierno ya había accedido a finales de 2017, pero que había suspendido a raíz de la crisis política surgida en el segundo trimestre de 2018 con protestas multitudinarias.
Además, el Gobierno expresa su disposición a la liberación de los presos en el contexto de lo que denomina "los hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua". Sin embargo, no reconoce que haya manifestantes presos, detenidos por ejercer su derecho a la protesta, como ha denunciado la Alianza Cívica.
El Gobierno especifica que los liberados serían por casos juzgados y sin juzgar, advirtiendo que hará una revisión de los expedientes para no haya "impunidad".
Además expresa su disposición a fortalecer "las libertades, derechos y garantías" establecidas en la Constitución, muchas de las cuales continúan suspendidas, como el derecho a la reunión pacífica de la ciudadanía.
En el punto cuatro, el Gobierno pide a la comunidad internacional "suspender toda sanción" y el quinto incluye el compromiso de implementar y cumplir todos los acuerdos que se adquieran en el diálogo con la oposición.
El anuncio es unilateral a pesar de que la "ruta del diálogo" aprobada la semana pasada estipulaba que solo sería publicado lo aprobado por consenso por las dos partes en la negociación.
La crisis estalló en abril pasado y ha dejado al menos 325 muertos y más de 600 manifestantes presos, según diferentes instituciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales.