El Gobierno pedirá una revisión judicial del informe crítico con el gasto público en la casa privada de Zuma

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Sudáfrica ha anunciado este jueves que está intentando lograr una revisión judicial del informe publicado en marzo por la Defensora Pública --figura equivalente al Defensor del Pueblo--, Thuli Madonsela, en el que acusó al presidente, Jacob Zuma, de usar 23 millones de dólares (unos 16,4 millones de euros) de fondos estatales en mejoras de seguridad en su vivienda particular.

El informe de Madonsela recogía que "el presidente aceptó de forma tácita la instalación de todas estas medidas --entre las que había una piscina y un anfiteatro-- en su residencia y se benefició de forma indebida de una cantidad enorme de capital en instalaciones que no son de seguridad en su residencia privada".

El Gobierno sudafricano ha defendido en múltiples ocasiones que las obras eran necesarias para mejorar la seguridad del mandatario. En esta línea, ha afirmado este jueves que "algunas de las conclusiones de la Defensora Pública son irracionales, contradictorias y contienen errores de ley", según ha informado la cadena de televisión británica BBC.

La investigación en torno a las reformas del hogar del presidente en Nkandla, en la provincia de KwaZulu-Natal, comenzó hace dos años. Cuando se hizo pública la noticia de las reformas en la vivienda del presidente a finales de 2009, el coste de las mismas se estimaba en 65 millones de rand (más de 4,34 millones de euros).

A pesar de un intenso escrutinio público, la factura se disparó hasta alcanzar los 246 millones de rand (más de 16,4 millones de euros). Así, Madonsela aseguró que los ministros habían manejado el proyecto, con un exceso de gasto tan exacerbado, de "manera atroz".

Según el periódico 'Mail and Guardian', que publicó estas informaciones, las mejoras realizadas en la vivienda de Zuma incluyen una sala para visitantes, un anfiteatro, una cerca para ganado y una piscina, a la que en los documentos de Obras Públicas menciona como 'piscina contra incendios' con el pretexto de que duplicaría la reserva de agua en caso de fuego.

El informe también determina que algunos de los gastos más legítimos para seguridad, como 20 casas para protección policial, una clínica y dos helipuertos, son excesivos y deberían haber sido ubicados en una localidad próxima para beneficiar a una comunidad mayor.