El Gobierno de Perú ve "judicialización de la política" en la prisión provisional contra el hermano de Boluarte

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha denunciado este miércoles la "judicialización de la política" después de que el mismo día la Justicia del país haya emitido una orden de arresto contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tras imponerle tres años de prisión provisional por un caso de corrupción.

"Mi preocupación es porque tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política y porque nosotros (podemos) percibir una soterrada intención de vincular a la presidenta, Dina Boluarte, en este caso", ha dicho en una rueda de prensa.

El jefe del Gobierno ha defendido que la presidenta peruana "no ha tenido que ver" con los cargos que se le imputan a su hermano. "Por eso la advertencia y denuncia, cuando veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular y de insinuar que aquello existe", ha señalado durante la comparecencia recogida por la emisora RPP.

Además, Adrianzén ha cuestionado al magistrado del caso, el juez Richard Concepción Carhuancho, por haber tardado "más de cuatro meses" en tomar la decisión de disponer los 36 meses de prisión preventiva a Nicanor Boluarte y "más de tres días en leer" la resolución.

"Tenemos un bajísimo estándar porque la privación de libertad debe ser el extremo último en el que nosotros tengamos que tomar la decisión de privar a alguien de su libertad, y más cuando no (haya) una sentencia; es decir, culminado el juicio", ha señalado.

El hermano de la presidenta peruana está acusado de tráfico de influencias, cohecho y organización criminal por haber intervenido supuestamente en la designación de prefectos y subprefectos con fines proselitistas a favor del partido Ciudadanos por el Perú. Se enfrenta a una posible condena de 35 años de cárcel.

Según la acusación, Nicanor Boluarte lideró una organización criminal aprovechando que su hermana tomaba el poder en Perú para repartir a personas de su confianza puestos clave en diversas entidades estatales.

Los problemas de Nicanor Boluarte con la Justicia se producen a medida que la presidenta peruana no pasa por su mejor momento. Su convulsa gestión ha estado marcada por altos índices de inseguridad, numerosas protestas que han dejado varios muertos y una aprobación que apenas alcanza el tres por ciento.