El Gobierno peruano asegura que acatará la decisión judicial sobre la excarcelación del expresidente Fujimori

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia de Perú ha asegurado este miércoles que el Gobierno acatará la decisión del juez de ejecución de Ica sobre la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que se encuentra condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Así lo ha confirmado en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, en el coincide con el Tribunal Constitucional de Perú en que debe ser este juez el que decida hacer cumplir las anteriores sentencias sobre su indulto.

La misiva ha llegado poco después de que el presidente del Constitucional, Francisco Morales, instase a las autoridades a proceder a la "inmediata" liberación del expresidente.

Esto se produce después de que los magistrados del Constitucional resolvieran declarar improcedentes las solicitudes de aclaración realizadas por el procurador del Poder Judicial y el equipo legal de Fujimori sobre una sentencia emitida en marzo de 2022, cuando la corte declaró fundado un 'habeas corpus', restituyendo el indulto concedido en 2017 y que fue revocado por el Supremo.

A efectos prácticos, los magistrados del Constitucional han declarado "jurídicamente válida" la sentencia de 2022, ya que "no cabe impugnación alguna", si bien no han resuelto su indulto, que tendrá que ser dirimido todavía por un juez de ejecución de Ica.

El conflicto legal deriva de un fallo previo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), elevado por los familiares de las víctimas, que ordenaba no ejecutar el indulto, razón por la cual Fujimori continúa internado a día de hoy.

El exmandatario ha apelado a sus 85 años de edad y a su estado de salud para exigir que pueda seguir cumpliendo su condena a 25 años de prisión. Fujimori fue hallado culpable de abusos a los Derechos Humanos, principalmente por las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.

Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.