BOGOTÁ, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno colombiano se ha negado a fijar un nuevo calendario para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entreguen todas sus armas, tal y como ha propuesto Naciones Unidas en una polémica carta, y ha urgido a la ONU a cumplir los plazos establecidos.
El acuerdo de paz suscrito por las FARC y el Gobierno el año pasado da un plazo de 180 días a la guerrilla --contados a partir del 1 de diciembre, cuando el Congreso lo ratificó-- para entregar a la ONU todo su arsenal militar.
El proceso de desarme debía comenzar, conforme a lo pactado, con la desmovilización de las FARC, que empezó el pasado 28 de enero y ha concluido este domingo, con sus más de 6.000 guerrilleros concentrados en las zonas veredales donde completarán su paso a la vida civil.
El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, ha enviado una carta al Gobierno de Juan Manuel Santos en el que denuncia el retraso en la construcción de las zonas veredales y, en consecuencia, propone dilatar el desarme de las FARC.
El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y la ministra de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, han contestado a esta carta --filtrada durante el fin de semana a la prensa local-- en un duro comunicado conjunto publicado este lunes.
Jaramillo y Holguín no han dudado en expresar su "sorpresa" por la misiva de la ONU porque, según su versión, el Gobierno insiste desde hace semanas en que se celebre una reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final --a la que se dirigió Arnault-- para "revisar el cumplimiento" de lo pactado.
"Tanto el Gobierno como las FARC han insistido en que los 180 días para la dejación de armas no varían", han subrayado y han recordado que "en ninguna parte del acuerdo final el proceso de dejación de armas está sujeto al estado de los campamentos" donde se concentra la guerrilla.
"Por el contrario, hemos venido alentando a la misión para que en paralelo (a la desmovilización de las FARC) prepare los contenedores necesarios para el proceso de dejación de armas" porque "no parece razonable que solo hasta marzo estarán listos los sitios de almacenamiento de armas", han dicho.
Además, han indicado que el armamento inestable debía haberse destruido "a la par con el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales" y "las armas del personal de las FARC autorizado para hacer pedagogía (por la paz) y las de los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (del que forman parte Gobierno, guerrilla y ONU) deberían hacer sido recibidas por el componente internacional".
CASI LISTAS
Jaramillo y Holguín han aprovechado para aclarar que "la construcción de los campamentos avanza a buen paso", "a pesar de las conocidas dificultades logísticas", entre las que han mencionado los obstáculos para alquilar los terrenos en zonas remotas, "el pésimo estado de las vías de acceso y la casi inexistencia de servicios públicos en esas regiones".
Han especificado que "la fase uno --consecución y arriendo de predios-- se ha finalizado en todos los campamentos; la fase 2 --construcción de las áreas comunes-- ha avanzado en promedio en el 80 por ciento de los campamentos; y la fase tres --que supone la construcción de los alojamientos por parte de las FARC con asesoría y provisión de materiales por parte del Gobierno-- avanza en la mayoría de las zonas veredales".
"El Gobierno espera que en las próximas semanas estén listos los campamentos en casi todas las zonas, con la posible excepción de las dos que hasta ahora se acordaron --Caño Indio, en Tibú, y Agua Bonita, en Montañita--", han apuntado.
Ambos han aclarado asimismo que el Gobierno da "toda la importancia" a las preocupaciones que han transmitido las FARC a la ONU sobre el funcionamiento de las zonas veredales y se ha mostrado dispuesto a discutir, en el marco de dicha Comisión, éstas y las del propio Gobierno.
A este respecto, han denunciado que en muchas "hay un importante desconocimiento por parte de los observadores de la ONU encargados del monitoreo y la verificación de los contenidos del acuerdo final, lo que lleva a que se tomen decisiones en el nivel local que no corresponden con los acordado".
En concreto, han criticado "el ingreso a los campamentos de población civil" y "desplazamientos de las FARC fuera de las zonas veredales". "Esto pone en riesgo la credibilidad del cese al fuego, del Mecanismo de Monitoreo y Verificación e incluso la seguridad de estas personas", han enfatizado.
También han expresado su preocupación por "el silencio del Mecanismo ante muchos hechos violatorios de los protocolos que rigen el acuerdo de cese al fuego y la dejación de armas".
"Tenga la seguridad", han dicho a Arnault, "de que todas estas dificultades, con voluntad y, sobre todo, con una mejor coordinación y trabajo conjunto, se podrán superar rápidamente". "Los invitamos a celebrar lo más pronto posible una reunión", han concluido.