El Gobierno responde a la CIDH: en México "no se vive una crisis de DDHH"

CIUDAD DE MÉXICO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha cargado contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por publicar lo que considera un informe "sesgado" que "no refleja la situación general del país", asegurando que en México "no se vive una crisis de Derechos Humanos".

El Ejecutivo, a través de un comunicado conjunto de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha reaccionado al informe en el que la CIDH denuncia una "grave crisis de Derechos Humanos" en México y advierte sobre niveles "endémicos" de violencia e impunidad.

"Desafortunadamente, (el informe de la CIDH) no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten", ha dicho Los Pinos. "En nuestro país no se vive una crisis de Derechos Humanos", ha sostenido.

El Gabinete de Peña Nieto ha explicado que el informe "se ha construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno ha impulsado en los últimos años".

"La metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial", ha indicado. "En lugar de valorar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas", ha detallado.

Para el Ejecutivo "dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas".

DEBERES HECHOS

El principal reproche que Los Pinos ha hecho al organismo regional es que "ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita de 1997".

"El Ejecutivo, con el objeto de prevenir y erradicar prácticas como la desaparición forzada y la tortura, presentó ante el Congreso las iniciativas de ley en estos rubros, que resultaron de un amplio proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil y otros actores internacionales, como Naciones Unidas para y Cruz Roja", ha recordado.

Además, ha destacado la aprobación de la ley general de víctimas, "que prevé la instalación de un Sistema Nacional de atención y la creación de un fondo de ayuda y de reparación integral para víctimas de delitos y de violaciones a Derechos Humanos".

En concreto, --ha señalado-- se han tomado medidas de protección específicas para periodistas y defensores de los Derechos Humanos a través de un mecanismo federal del que ya forman parte 489 personas y 11 organizaciones y que "ha probado ser cada vez más efectivo".

"El informe no refleja que México es un Gobierno abierto que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales", ha añadido.

El Gobierno ha subrayado que "el Estado trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos y mejorar el acceso a la justicia".

RENOVACIÓN EN LA CIDH

A pesar de sus críticas, el Ejecutivo se ha comprometido a "tomar nota de las recomendaciones que la CIDH ha incluido en su informe y analizarlas con detenimiento para el seguimiento que corresponda, si bien, muchas de estas ya han sido atendidas o se trabaja en atenderlas".

También ha aprovechado para adelantar que "continuará colaborando con los organismos internacionales relevantes a fin de que contribuyan en la construcción de políticas públicas sólidas y en el mejoramiento de nuestras instituciones".

A este respecto, ha considerado que "la reciente renovación de la CIDH ofrece una oportunidad para fortalecer un diálogo con los estados que permita a los propios comisionados contar con información balanceada y confiable que facilite su importante mandato de promoción de los Derechos Humanos en el continente".