RÍO DE JANEIRO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los órganos técnicos y jurídicos del Gobierno de Dilma Rousseff tienen "la convicción" de que no existen motivos legales para rechazar las cuentas del año 2014, como ha decidido este miércoles por unanimidad el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
En un comunicado, el Gobierno remarca la "absoluta transparencia" de las cuentas presentadas y recuerda que el parecer del TCU aún debe ser sometido a "una amplia discusión y deliberación en el Congreso Nacional".
Además, hace una crítica más profunda: "Es indebida la pretensión de penalizar acciones administrativas que tenían como objetivo el mantenimiento de programas sociales fundamentales para el pueblo brasileño, como el 'Bolsa Familia' y el 'Minha Casa Minha Vida", cita el comunicado.
Y es que el TCU ha considerado como irregulares las conocidas como 'pedaladas fiscales', una maniobra que el Gobierno llevó a cabo para cuadrar el presupuesto y maquillar las cuentas en pleno año electoral.
En lugar de distribuir mensualmente los recursos necesarios para que bancos públicos como La Caixa y el Banco de Brasil financiaran los citados programas sociales el Gobierno les pedía que adelantaran el pago usando sus propios recursos y más tarde hacía el ingreso a las instituciones financieras.
Tras la decisión del TCU el Abogado General de la Unión, Luís Inácio Adams, ha asegurado que el parecer del tribunal aún debe ser analizado en otros estamentos y que el Gobierno pedirá que se anule el dictamen ante el Tribunal Supremo Federal.
Este jueves Rousseff se reunirá con todos sus ministros para abordar la crisis abierta durante esta semana, con el fallo del TCU y la falta de quórum en el Congreso Nacional para aprobar los vetos que iban a frenar las llamadas 'pautas bomba' -proyectos de ley que prevén un incremento de gastos para las arcas del Estado--.