CIUDAD DEL CABO 3 Nov. (Reuters/EP) -
El ministro de Justicia de Sudáfrica, Michael Masutha, ha presentado este jueves en el Parlamento un proyecto de ley para la retirada de país del Tribunal Penal Internacional (TPI).
"Al término de estos procedimientos daremos al secretario general de Naciones Unidas la noticia de la retirada de Sudáfrica", ha dicho Masutha a los diputados sudafricanos durante el debate parlamentario sobre la membresía del TPI.
Los representantes en el Congreso del la opositora Alianza Democrática y los Combatientes por la Libertad Económica, de tendencia ultraderechista, ya han anunciado que se opondrán al proyecto de ley del Gobierno.
Sudáfrica anunció el año pasado su intención de abandonar el TPI por las críticas de La Haya a su negativa a detener al presidente sudanés, Omar Hasán al Bashir, sobre el que pesan cargos por genocidio y crímenes de lesa humanidad, durante su breve estancia en el país para una cumbre.
Pretoria, así como otros gobiernos de la región, acusan al TPI de prestar demasiada atención a los líderes africanos y obviar los posibles crímenes cometidos en otros lugares del mundo. Burundi y Gambia también planean denunciar el Estatuto de Roma.
"Durante mucho tiempo hemos sido testigos de la desigualdad de la justicia internacional y de la falta de universalidad en su aplicación por la forma en que se trata a los países", sostiene la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Sudáfrica.
El TPI nace tras años de tensas discusiones el 17 de julio de 1998 con el Estatuto de Roma y comienza su andadura el 1 de julio de 2002 con el mandato de juzgar a los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
Actualmente cuenta con 124 miembros sobre los que despliega su jurisdicción, si bien es posible que actúe en países que sin ser miembros se lo permitan y, en todo caso, por mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Desde su puesta en marcha ninguno de sus miembros lo ha abandonado, por lo que las salidas de Sudáfrica, Burundi y Gambia --que se consumarán en 2017-- serán las primeras de su historia. La Haya teme que otros países africanos puedan seguir este ejemplo.