RANGÚN 3 Nov. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Aung Saa Suu Kyi ha advertido este viernes de que las eventuales sanciones que el Congreso de Estados Unidos estudia imponer a militares birmanos tendrían "muy malas consecuencias" para el Ejecutivo del país asiático, que necesita "estabilidad interna para mejorar la economía".
El proyecto de ley, que fue presentado este jueves por congresistas republicanos y demócratas de Estados Unidos, busca imponer sanciones y límites a los viajes a altos cargos del Ejército birmano como castigo por el trato infligido a la minoría rohingya, que ha huido en masa del estado de Rajine hacia Bangladesh.
De salir adelante, el proyecto de ley supondría una vuelta a las sanciones que habían sido retiradas a Birmania hace un año al instaurar la democracia. Otra de las sanciones que contempla el texto propuesto es la prohibición a Estados Unidos de proveer ayudas al Ejército birmano hasta que los responsables de las atrocidades cometidas contra los rohingya no hayan sido juzgados.
El 15 de noviembre está programada la visita del secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, a Birmania y se espera que sea entonces cuando las autoridades birmanas expliquen los esfuerzos que han realizado en el estado de Rajine. "Le explicaremos (a Rex Tillerson) lo que estamos haciendo aquí (en Rajine) cuando llegue. No podemos decirle que no lo haga y no sabemos en qué consiste la política estadounidense", ha declarado el portavoz del Gobierno, Zaw Htay.
Htay ha sostenido que el Ejército, también conocido como Tatmadaw, debe involucrarse en la transición que está viviendo el país. La Junta militar de Birmania --que lideró el país durante casi 30 años de dictadura militar-- ya había sido sancionada por su brutal represión contra la oposición, que entonces lideraba Suu Kyi. Sin embargo, el Gobierno aún se ve obligado a trabajar con los militares.
"La reconstrucción del país no puede realizarse solo desde el Gobierno. El Tatmadaw necesita involucrarse, está muy claro. Todo debe basarse en las negociaciones con el Tatmadaw según lo dispuesto por la Constitución de 2008", ha afirmado Htay.
"EXPERIENCIA PREVIA" EN MATERIA DE SANCIONES
El portavoz del Ejecutivo birmano también ha insistido en que las sanciones y las presiones afectan al trabajo del Gobierno, al tiempo que ha señalado que la imposición de sanciones "no será un resultado positivo", como ocurrió durante la "experiencia previa" de Birmania con este tipo de medidas.
Htay ha advertido de que las sanciones no solo afectarán a los militares, sino que "dañarán todas las inversiones en negocios". Las sanciones "definitivamente tendrán un mal efecto. Solo pueden provocar malos resultados", ha afirmado.
El senador republicano y presidente del Comité de Servicios Militares, John McCain, y el senador demócrata integrante del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, Ben Cardin, han sido dos de los hombres que han apoyado este proyecto de ley.
Los miembros del Congreso han ejercido presión a favor de una respuesta más restrictiva frente a la crisis de la población rohingya, al tiempo que la Administración Trump ha definido las actuaciones del Ejército birmano como una "limpieza étnica".
Birmania ha rechazado tales acusaciones y ha defendido las actuaciones de sus militares justificándose en el ataque perpetrado por milicianos rohingya el 25 de agosto contra 30 puestos de seguridad.
Desde que, en agosto, iniciara una oleada de violencia contra los rohingya por parte de las fuerzas birmanas --algo que la ONU ha llegado a calificar como un ejemplo clásico de "limpieza étnica-- unos 600.000 rohingya han cruzado la frontera huyendo de los incendios que han destruido sus hogares, aldeas y cultivos y de la violencia generalizada.
Htay ha defendido que el Gobierno no está ignorando las violaciones de Derechos Humanos. "Son todo acusaciones. Los diplomáticos internacionales y las organizaciones internacionales solo utilizan acusaciones para explicar lo que ha sucedido, sin pruebas. Nadie puede aportar pruebas contundentes (...), aunque las pidamos", ha denunciado Htay.
El portavoz de Suu Kyi ha admitido que el Gobierno ha sido incapaz de actuar basándose en las denuncias de las personas refugiadas que están en Bangladesh. "Actuaremos si (se demuestra que) tienen razón (...) Así que, cooperad con nosotros para mostrar pruebas contundentes, en lugar de basarse solo en acusaciones", ha concluido.