CARACAS, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Venezuela ha tomado la decisión de prorrogar durante otros 60 días el estado de excepción en las regiones fronterizas con Colombia, tras afirmar que esta medida ha servido para luchar contra los grupos paramilitares y para "erradicar las mafias que manejan el contrabando de alimentos y combustibles".
La medida anunciada por el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, se mantendrá en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira (suroeste del país), tal y como ha detallado la Gaceta Oficial del país sudamericano.
De igual forma, el decreto se aplica en los estados de Zulia, Apure y Amazonas, hasta que los gobiernos de ambos países alcancen un acuerdo para establecer una nueva política fronteriza que acabe con los delitos en estas zonas, según ha añadido la cadena venezolana TeleSur.
El gobernador del estado de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, firme defensor de la medida, ha explicado que desde que se ordenó el cierre fronterizo se ha detenido a 36 presuntos paramilitares colombianos, "la mayoría vinculados a la práctica del contrabando de alimentos, medicinas y gasolina".
El despliegue de tropas venezolanas desde la declaración del estado de excepción "ha reducido en un 99 por ciento la inseguridad en los municipios", ha añadido Vielma Mora, quien ha asegurado que la medida también ha servido para favorecer el abastecimiento.
CRISIS BILATERAL
La tensión entre Colombia y Venezuela se disparó el pasado mes de agosto debido al ataque que tres miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sufrieron por parte de presuntos paramilitares desde el lado colombiano.
En respuesta, Maduro ordenó el cierre de los pasos fronterizos de San Antonio del Táchira y Ureña durante 72 horas, para posteriormente ampliar la medida de manera indefinida --hasta llegar a un acuerdo con el Gobierno colombiano-- y en el espacio, con la clausura de más pasos a lo largo de toda la frontera.
Maduro ordenó igualmente "tomar medidas extraordinarias" para "extirpar la raíz criminal en la frontera" que pasan, principalmente, por mantener "al máximo nivel" la presencia policial y militar en la línea limítrofe, lo que se potenció con el decreto del estado de excepción aún vigente.