WASHINGTON, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez Neil Gorsuch ha tomado posesión este lunes como nuevo magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos ante un exultante Donald Trump que no ha dudado en destacar las virtudes de un candidato marcado por la polémica desde el principio hasta el final de su proceso de confirmación.
Gorsuch ha participado en dos ceremonias de toma de posesión, la última de ellas en la Casa Blanca y en presencia del secretario de Justicia, Jeff Sessions, y el presidente norteamericano. El viernes, el Senado dio luz verde a este nombramiento, después de cambiar las normas de procedimiento para sortear el bloqueo demócrata.
"No tengo duda de que serás uno de los mejores jueces de la historia del Tribunal Supremo", ha dicho Trump, satisfecho de "celebrar la Historia" y orgulloso de haber conseguido cubrir la vacante del difunto Antonin Scalia en los primeros cien días de su mandato.
"No tengo duda de que estarás a la altura y de que las decisiones que tomarás protegerán nuestra Constitución hoy y para muchas generaciones venideras", ha añadido el presidente. En este sentido, ha avanzado que tomará decisiones en base a una "lectura justa y objetiva de la ley" y no a partir de "preferencias personales".
La protección constitucional ha sido también el gran compromiso esgrimido por Gorsuch, que ha prometido ser un "fiel servidor" de la Carta Magna. "Honrado" por el puesto vitalicio al que ha logrado acceder con 49 años --la media de edad de sus compañeros ronda los 70--, ha mostrado su voluntad de trabajar para cumplir con las expectativas que se han depositado en él.
La llegada de Gorsuch inclina la balanza del Supremo del lado de los conservadores, por lo que se espera que su voz tenga especial relevancia en los casos que aún están pendientes de resolución en la máxima corte estadounidense.
Entre los litigios pendientes a corto plazo destaca uno alusivo a la libertad religiosa y en la que se analiza si los estados tienen potestad para prohibir que las iglesias reciban dinero público. Las tesis se dividen en este caso entre quienes piensan que es necesario para evitar la injerencia de la Administración en asuntos religiosos y quienes creen que se trata de una forma de discriminación.