MANILA, 2 Nov. (Reuters/EP) -
Un grupo de abogados filipinos han anunciado este jueves una alianza para desafiar la guerra contra las drogas emprendida por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en medio de un control sin precedentes de la campaña, en la que han muerto más de 3.900 filipinos en menos de 16 meses, en su mayoría pobres y procedentes de núcleos urbanos.
La iniciativa de Duterte contó con un gran apoyo popular antes de las elecciones de mayo de 2016, en las que resultó elegido, pero el número de muertes a manos de las fuerzas de seguridad ha provocado el escepticismo entre los defensores de Derechos Humanos y ha suscitado numerosas críticas en la comunidad internacional.
Ante el control al que se ha visto sometida la Policía, Duterte ordenó a mediados de octubre que se frenaran las operaciones policiales, dejando en manos de la Agencia Antidroga la guerra para acabar con la venta y el consumo de este tipo de sustancias.
La organización 'Abogados Contra Ejecuciones Extrajudiciales' sostiene que el número de personas que piden el fin de la campaña del Gobierno está aumentando. Por su parte, la presidenta de la Unión Nacional de Abogados, Edre Olalia, ha declarado que "el deber de todos los abogados es defender los Derechos Humanos constantemente y sin concesiones".
La Policía ha asegurado en numerosas ocasiones que los asesinatos han sido en defensa propia, negando tajantemente las acusaciones de los activistas del país, que han denunciado que se están ejecutando sospechosos con el argumento de que, durante los arrestos, iban armados y se resistían violentamente a la acción de los agentes.
El portavoz de Duterte, Harry Roque, ha negado que se estén violando derechos por parte del presidente y ha dado la bienvenida a la alianza de activistas. "A menos que podamos encontrar pruebas reales de que se están cometiendo ejecuciones extrajudiciales no podemos obviar la presunción (en el desempeño de las funciones de los oficiales)", ha dicho Roque.
Además, el portavoz ha dicho que Duterte "no tolerará a los asesinos". "Sólo permitirá las ejecuciones que se lleven a cabo siguiendo el deber y se ajusten a la legalidad", ha señalado Roque.