El grupo parlamentario 'chavista' denuncia al Parlamento tras la ofensiva contra Maduro

CARACAS 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario 'chavista' ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declare la "ilegalidad" de todos los actos emanados de la Asamblea Nacional, después de que la sede legislativa haya iniciado el proceso para declarar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, responsable político de la crisis que sufre el país.

El jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, ha anunciado que este jueves han presentado un recurso de nulidad ante la Sala Constitucional del TSJ para que se pronuncie sobre la validez jurídica de las decisiones del actual Parlamento.

"Hasta que la Asamblea Nacional no respete las sentencias del TSJ, el orden constitucional y la democracia sus actos no tendrán ningún tipo de validez jurídica", ha sostenido el líder de la bancada oficialista en una entrevista concedida a Globovisión.

Rodríguez ha insistido en que el Congreso se encuentra en desacato por no respetar los fallos del TSJ, tal y como declaró el alto tribunal en verano, y, en consecuencia, ha perdido la "facultad constitucional" de declarar la responsabilidad política de Maduro.

El TSJ declaró en desacato a la Asamblea Nacional por no expulsar a los tres diputados opositores que, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), se impusieron en las últimas elecciones legislativas en sus respectivos estados mediante la compra de votos.

No obstante, el líder 'chavista' ha aclarado que el Bloque Patria seguirá participando en todas las sesiones de la Asamblea Nacional como "portavoces del pueblo venezolano" y para frenar lo que ha definido como una tentativa golpista de la oposición.

CRISIS VENEZOLANA

La crisis política en Venezuela estalló tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, que dieron lugar a una cohabitación inédita en la nación caribeña, con la oposición en la Asamblea Nacional y el 'chavismo' en el Palacio de Miraflores.

La coalición opositora puso en marcha varias leyes desde el Parlamento --que controla por primera vez en 16 años--, pero fueron vetadas por Maduro, incluida la Ley de Amnistía con la que pretendía liberar al líder opositor Leopoldo López.

Por ello, la MUD elaboró una 'hoja de ruta' con el objetivo de desahuciar a Maduro de Miraflores. El principal punto de este plan es la celebración de un referéndum para revocar su mandato presidencial antes de que expire oficialmente, en 2019.

Tribunales venezolanos han anulado la recogida de firmas de la primera fase para activar la consulta popular y, en consecuencia, el CNE ha suspendido la segunda etapa, prevista para esta semana, lo que ha desatado la ira de la oposición.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora-- pretende celebrar elecciones anticipadas, pero para ello necesita que el referéndum revocatorio se convoque antes del 10 de enero de 2017. De lo contrario, aunque los venezolanos cesen a Maduro, su vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, seguirá gobernando.

A pesar de esta escalada de tensión, la Iglesia Católica anunció el lunes que Gobierno y oposición habían llegado a un acuerdo para iniciar un diálogo político que en un principio estaba previsto para el 30 de octubre en Isla Margarita, aunque ha tenido que aplazarse 'sine die'.