MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo rebelde Ejército de Liberación Oromo (OLA), escindido del Frente de Liberación Oromo (OLF) tras el acuerdo de paz de 2018, ha reclamado al Gobierno de Etiopía un alto el fuego "inmediato e incondicional" y la apertura de un proceso de diálogo, en medio del aumento de la violencia y el ahondamiento de la crisis política en el país africano.
El OLA, al que las autoridades etíopes han acusado de varias matanzas durante los últimos meses en el país, ha defendido en un comunicado la necesidad de un cese de hostilidades y el aplazamiento de las próximas elecciones, que ha descrito como "ilegales" y "una farsa".
El grupo ha abogado además por una reforma de la Constitución a través de un referéndum para la autodeterminación de las minorías étnicas en las actuales regiones y ha dicho que "el total desprecio del Gobierno por este derecho fundamental es una de las principales razones por las que los oromo, entre otros, se han alzado en armas".
Asimismo, ha apostado incluso por la creación de un Gobierno de transición surgido de una conferencia nacional, antes de incidir en que posteriormente se procedería a una reforma del aparato judicial y las fuerzas de seguridad, tal y como ha recogido el diario etíope 'Addis Standard'.
El OLA ha pedido además reactivar la economía y ha incidido en que el conflicto en la región de Tigray (norte) "está costando al país decenas de miles de vidas humanas y consumiendo los ya magros recursos económicas nacionales, mientras millones de personas quedan en situación de hambruna".
En esta línea, el OLF ha mostrado su preocupación por la situación de seguridad y ha alertado de que "se acerca a una etapa de alta impredecibilidad con una anarquía generalizada", al tiempo que ha citado asesinatos en masa a manos de milicias progubernamentales que han provocado una crisis de desplazamiento.
El OLF ha mostrado su disposición a "trabajar con todos los actores para allanar el camino a un diálogo político" para "una resolución pacífica de las diferencias políticas", si bien ha pedido a Naciones Unidas, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE) que "ejerzan la máxima presión" sobre las autoridades para "poner fin a las hostilidades".
El OLF estuvo luchando durante décadas por la secesión de la región de Oromía, pero en 2018 anunció que renunciaba a la lucha armada, aceptando la oferta de amnistía del primer ministro, Abiy Ahmed. Los oromos son la etnia mayoritaria en Etiopía pero tradicionalmente habían estado marginados del poder.
El partido anunció a principios de marzo su decisión de no participar en las próximas elecciones legislativas en Etiopía, previstas para junio, sumándose así al boicot anunciado por el Congreso Federalista Oromo (OFC), en medio de las tensiones políticas en el país africano.
En este sentido, el OFC ha dicho en otro comunicado que la situación de seguridad se está deteriorando en el país y ha pedido un diálogo inclusivo con las autoridades antes de "forzar unas elecciones", después de apuntar en marzo que no concurriría a las urnas.
El propio Abiy hizo a finales de marzo un llamamiento a todas las partes para lograr que las próximas elecciones parlamentarias, que se celebrarán en junio tras su aplazamiento en 2020 a causa de la pandemia de coronavirus, se celebren en un contexto pacífico.
El aplazamiento de las elecciones incrementó las tensiones con el Frente para la Liberación del Pueblo Tigray (TPLF), que rechazó el anuncio y procedió a celebrar comicios en la región de Tigray, en el marco de un repunte de sus diferencias con Abiy desde su acceso al cargo en 2018.
Finalmente, Abiy anunció el 4 de noviembre el inicio de una ofensiva militar en la región, ya concluida, para sacar al TPLF del poder a raíz de un ataque ejecutado por el grupo contra una importante base del Ejército en la capital regional, Mekelle, que se saldó con la muerte de un gran número de militares.
La ofensiva en Tigray, en la que tropas eritreas participaron del lado del Ejército etíope, ha provocado una grave crisis humanitaria, con el desplazamiento de decenas de miles de personas y la destrucción de parte de la infraestructura de Tigray, lo que ha hecho saltar las alarmas entre la comunidad internacional.