MANILA 13 Oct. (Reuters/EP) -
Las autoridades filipinas han anunciado este jueves que la guerra contra las drogas del presidente del país, Rodrigo Duterte, se centrará en los "peces gordos", lo que supondrá la retirada de las calles de un gran número de efectivos policiales para centrarse en la persecución de grandes redes de tráfico de estupefacientes.
El dirigente de Filipinas emitió el martes una orden para frenar las operaciones policiales y dejar en manos de la agencia antidrogas la guerra para acabar con la venta y el consumo de este tipo de sustancias.
La Policía Nacional ha disuelto las 18 unidades que se encontraban operativas en el país y ha señalado que los recursos de las fuerzas de seguridad serán utilizados a partir de ahora para hacer frente a otros delitos.
"El objetivo es hacer frente a otro eslabón, así como a quienes protegen a estas personas desde el Gobierno", ha manifestado el portavoz presidencial Ernesto Abella durante una rueda de prensa.
Abella ha afirmado que la distribución de drogas ha disminuido debido a las operaciones llevadas a cabo por la Policía durante los últimos quince meses.
Sin embargo, las voces críticas han alertado de que las medidas no han sido tomadas contra los traficantes sino contra los consumidores, principalmente contra aquellos que residen en los barrios más desfavorecidos. Según datos oficiales, las operaciones habrían dejado 3.900 muertos a manos de los agentes de la Policía.
Las fuerzas de seguridad han defendido la actuación de los efectivos y han señalado que los fallecidos se encontraban armados en el momento en el que los policías procedieron a llevar a cabo los arrestos.
HRW CRITICA LA DECISIÓN DE DUTERTE
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha criticado la decisión del dirigente filipino afirmando que, "en vez de acabar con el programa antidrogas, lo que ha hecho es dejarlo en manos de la Agencia filipina para el Control de las Drogas (DPEA, por sus siglas en inglés) y ha otorgado a la Policía el papel de suministrar información de Inteligencia a la agencia".
La organización ha acusado en varias ocasiones a las fuerzas de seguridad de filipinas de realizar ejecuciones extrajudiciales en el marco de la guerra contra las drogas.
"Duterte ha admitido de forma implícita que su decisión está vinculada al aumento del rechazo a nivel nacional e internacional frente al alto número de muertos a manos de la Policía", ha indicado HRW en un comunicado.
En enero, el dirigente filipino realizó una suspensión similar después de que se produjera la muerte de un empresario surcoreano a menos de agentes de policía. No obstante, la suspensión fue retirada un mes después.
"Lo único diferente es que la decisión de Duterte recae esta vez en la desaprobación por parte de los propios filipinos de las medidas puestas en marcha para acabar con el tráfico de drogas", ha añadido.
Asimismo, la ONG ha advertido de que si "Duterte cree que al suspender estas operaciones conseguirá que disminuya la presión por parte de la comunidad internacional para que se investiguen estas muertes, debería volver a pensárselo".