Guerrilleros de las FARC se declaran en huelga de hambre para exigir que se cumpla la ley de amnistía

BOGOTÁ, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han declarado en huelga de hambre para exigir al Gobierno y al Poder Judicial que cumplan la ley de amnistía e indulto que permitirá a miles de insurgentes abandonar la cárcel gracias al acuerdo de paz firmado el año pasado.

Entre los huelguistas se encuentra el negociador de la guerrilla 'Jesús Santrich'. "De mi parte, la huelga irá hasta que el Estado cumpla el compromiso de liberar a los prisioneros y las prisioneras integrantes de las FARC", ha anunciado a través de un comunicado difundido por redes sociales.

"La huelga de hambre es una denuncia ante Colombia y el mundo de esta situación que violenta los acuerdos de La Habana", ha esgrimido, explicando que, "después de seis meses de firmada la ley de amnistía e indulto y tratamientos penales especiales, la misma solo ha beneficiado a 832 de los 3.400 prisioneros reconocidos por las FARC".

'Jesús Santrich' ha criticado que "la falta de voluntad política en el cumplimiento de lo pactado en La Habana ha sido la constante del Gobierno". En concreto, ha cargado contra el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, por su "demora" en la entrega de las certificaciones, que ha afectado a "no menos de 900 prisioneros políticos".

También ha señalado a "jueces y fiscales" que "han sido y siguen siendo el palo en la rueda de lo acordado". "Estos administradores de justicia incumplen la ley y colocan cortapisas con el único propósito de no liberar a los prisioneros", ha reprochado.

"Jueces y fiscales siguen aplicando el derecho penal del enemigo, haciendo valoraciones jurídicas erradas, denegando el acceso a la justicia, prevaricando y usurpando así las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es el órgano que deberá calificar al respecto", ha añadido.

El Congreso aprobó el pasado mes de diciembre la ley de amnistía e indulto, que permitirá abandonar la cárcel a todos los guerrilleros condenados por delitos políticos y conexos. Los responsables de otros delitos, incluidos los crímenes internacionales, tendrán que someterse a la JEP, con la que obtendrán sanciones suaves si aportan verdad.