Guterres deja en manos de la CIJ la disputa territorial entre Venezuela y Guyana

NUEVA YORK, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha anunciado este martes que, ante la falta de avances en las negociaciones entre Venezuela y Guyana, dejará en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la resolución del conflicto entre ambos países por la soberanía de la región fronteriza del Esequibo.

Guterres "ha analizado detenidamente lo acontecido en el transcurso de 2017 en el proceso de buenos oficios y ha llegado a la conclusión de que no se ha alcanzado un progreso significativo", por lo que "ha escogido a la CIJ como el medio a ser utilizado para la resolución pacífica de la controversia", ha dicho su portavoz, Stéphane Dujarric.

No obstante, "también ha llegado a la conclusión de que Guyana y Venezuela podrían beneficiarse de la continuidad de los buenos oficios de Naciones Unidas mediante un proceso complementario" y ha reiterado que "sigue comprometido a acompañar a ambos estados mientras buscan superar sus diferencias con respecto a esta controversia fronteriza".

La disputa se debe al Esequibo, un territorio de 159.542 kilómetros que posee importantes recursos naturales --petroleros, gasísticos, mineros, hidráulicos y forestales-- y un gran potencial turístico y que se sitúa en el límite entre Venezuela y Guyana.

El Esequibo está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899 que Venezuela considera nulo porque las negociaciones secretas, que se conocieron años después, revelan vicios del consentimiento. Además, Caracas esgrime que en el Acuerdo de Ginebra de 1966 Reino Unido, antigua potencia colonial de Georgetown, reconoce que es un territorio en disputa.

El Acuerdo de Ginebra fija una 'hoja de ruta' para resolver dicha controversia y concede al secretario general de la ONU la potestad de elegir un medio de solución pacífica y cambiarlo por otro si lo considera necesario. El antecesor de Guterres, Ban Ki Moon, reactivó en 2017 los buenos oficios, que quedaron suspendidos en 1990, y dio un plazo de un año a las partes para pactar. Una vez agotado el tiempo, correspondía al actual jefe de la ONU elegir una alternativa.