La Haya asume la conciliación entre Australia y Timor Oriental para la delimitación de sus fronteras

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA) ha anunciado este lunes que ha decidido asumir la conciliación obligatoria entre Australia y Timor Oriental para delimitar su frontera marítima, a pesar de las objeciones australianas.

El proceso comenzó el pasado 11 de abril, cuando Timor Oriental comunicó a Australia su intención de acudir al TPA para determinar en qué territorio recaen los yacimientos de gas y petróleo que se encuentran en el fondo marino entre ambos países.

Australia se opuso argumentando que el asunto había quedado resuelto con el Tratado sobre Ciertos Acuerdos Marítimos en el mar de Timor (CMATS, por sus siglas en inglés), que establece una moratoria de 50 años que vence en 2056 para iniciar cualquier mecanismo de resolución pacífica de controversias.

Timor Oriental, por su parte, ha esgrimido que el CMATS no es un acuerdo fronterizo y que ha devenido nulo por el escándalo de espionaje que estalló en 2012, según el cual Australia colocó aparatos de escucha en la sede del Gobierno timorense para obtener ventaja en las negociaciones.

El TPA ha considerado que, si bien el CMATS "es un tratado legalmente vinculante, (...) no proporciona ninguna alternativa para resolver las disputas sobre la frontera marítima", de modo que es necesario recurrir a la Convención sobre Derecho del Mar.

La Convención establece en su artículo 281 que debe llevarse a cabo una conciliación obligatoria cuando las partes hayan excluido las soluciones arbitral y judicial, algo que Australia hizo mediante una declaración.

Además, para que sea posible realizar una conciliación obligatoria, es necesario que la controversia surgiera después de la entrada en vigor de la Convención y que no se haya llegado a un acuerdo "en un tiempo razonable".

"No hay ninguna cuestión de admisibilidad que pueda impedir (al TPA) proceder con la conciliación obligatoria", ha concluido. El proceso deberá resolverse en el plazo de un año, de acuerdo con el comunicado emitido por la La Haya.