MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
La violencia sigue en aumento en El Salvador como lo demuestran los últimos datos dados a conocer por las autoridades y que señalan que el número de homicidios en agosto prácticamente duplicó los registrados en julio y han convertido a este mes en el más mortífero en lo que va de año.
En concreto, ha habido 907 homicidios, lo que supone 29 muertes violentas de media al día, frente a los 467 registrados en julio, es decir, un aumento de casi el 94 por ciento, según informa el diario local 'El Mundo'. Así las cosas, en lo que va de año se han registrado 4.198 homicidios, frente al total de 3.912 que hubo en 2014.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, ha responsabilizado del incremento de la violencia a las pandillas, que matan incluso a su propia gente, y ha asegurado que ya se está detrás de los autores materiales e intelectuales de todos ellos.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, ha precisado que la investigación inicial apunta a que "un 40 por ciento de fallecidos que son pandilleros, pero cuando comenzamos a profundizar, tanto víctimas como victimarios, hay días que hemos llegado hasta el 80 por ciento de participación de pandilleros".
Pese a estos datos, el ministro ha reiterado que el Gobierno dispone de planes represivos y preventivos y no los va a cambiar. "La estrategia, está clara, el control y represión lo vamos a mantener con la misma intensidad, pero también vamos a intensificar la parte preventiva", ha indicado.
VIOLENCIA DE LAS MARAS
El pasado 24 de agosto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró grupos terroristas a las principales maras --Mara Salvatrucha, Pandilla 18 y MS-13-- en medio del repunte de la violencia en el país centroamericano.
El alto tribunal mencionó específicamente a estas maras pero aclaró que la denominación de "grupo terrorista" incluye a "cualquier otra organización criminal que busque arrogarse potestades del Estado, atemorizando, arriesgando o perjudicando derechos de la población".
Además, el Supremo calificó de "terroristas" a los miembros de estas pandillas callejeras, así como a cualquier colaborador, "independientemente que tales grupos tengan fines políticos, criminales o económicos".
Las maras accedieron a declarar un alto el fuego temporal en 2012 gracias a la mediación de organizaciones sociales y a la Iglesia Católica, en un acuerdo que, sin embargo, no contó siquiera con el respaldo del entonces Gobierno de Mauricio Funes.
La tregua entre maras consiguió reducir la violencia en El Salvador a mínimos históricos en apenas año y medio. Los homicidios diarios --principal indicador de la inseguridad ciudadana-- pasaron de una media de 15 a cinco.
Sin embargo, en abril las maras decidieron poner fin al cese de las hostilidades exigiendo la implicación del Gobierno en un acuerdo de paz que incluya, entre otras cosas, beneficios penitenciarios para las pandillas.
El Ejecutivo de Sánchez Cerén, al igual que su antecesor en el cargo, se ha negado a negociar con las organizaciones criminales y éstas, para aumentar la presión, han iniciado una escalada de violencia sin precedentes.