Hong Kong avala congelar sin orden judicial previa los bienes de sospechosos de violar la seguridad nacional

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Gobierno de Hong Kong, John Lee, ha avalado este viernes que se puedan congelar los bienes de aquellos sospechosos de violar la ley de seguridad nacional sin que exista una orden o aprobación judicial previa y hasta que sus procesos sean sobreseídos.

El Gobierno da así la potestad al secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, de tomar medidas restrictivas contra posibles sospechosos tras decretar una serie de enmiendas al artículo 43 de la polémica ley, que según las voces críticas socava las libertades fundamentales de la población hongkonesa.

Así, las notificaciones de congelación de bienes emitidas por el jefe de Seguridad de la región administrativa especial china serán "válidas" durante los procesos judiciales correspondientes aunque haya expirado el límite de dos años establecido previamente por ley.

La medida ha entrado en vigor de forma inmediata y, tal y como ha explicado un portavoz del Gobierno, "es de carácter técnico y su alcance extremadamente limitado". "Solo buscan aclarar las disposiciones relativas al periodo de validez de la notificación de embargo", ha puntualizado, según informaciones recogidas por el diario 'South China Morning Post'. "Si el procedimiento relacionado no ha concluido, es natural que las notificaciones sigan siendo válidas mientras tanto", ha añadido.

Anteriormente, una vez pasados dos años desde la notificación inicial, las autoridades debían solicitar una prórroga ante el Tribunal Superior, si bien ahora estarán vinculadas al proceso judicial en curso. No obstante, ha los acusados podrán recurrir a la Justicia la revocación de estas medidas.

Pekín impuso la ley de seguridad nacional en Hong Kong en junio de 2020 para prohibir los actos de secesión, subversión, terrorismo y connivencia con fuerzas extranjeras tras una fuerte ola de protestas contra el Gobierno. Desde entonces, numerosas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han alertado del riesgo que supone para las libertades y derechos fundamentales en la región.